El tamaño del problema ante Estados Unidos es mayúsculo y peligroso. Y no está claro si el oficialismo lo está calibrando en su justa dimensión.

En efecto, la compleja circunstancia responde en buena medida a la política injerencista desplegada por el gobierno de aquel país, pero no sólo a eso. También obedece a la negligencia –ojalá, no complicidad– con que el gobierno y Morena se han conducido de cara a la asociación de gobernadores, legisladores, dirigentes y funcionarios con el crimen, a fin de asegurar y expandir el poder.

La mezcla y conjugación de ambos ingredientes –intervencionismo e inacción o, si se quiere, urgencia y parsimonia– componen un cóctel explosivo para el país e implosivo para el gobierno y Morena. No comprender en su magnitud el problema, incluyendo la oportunidad que entraña, es transformarlo en una crisis de proporción desconocida.

Solapar o consecuentar a Rubén Rocha Moya y a los otros nueve representantes populares o servidores públicos de Sinaloa señalados por el Departamento de Justicia del país vecino como socios del crimen no defiende, expone la soberanía nacional, además de vulnerar la soberanía popular, la democracia pues. Más todavía si a ese listado, como anunció la Fiscalía estadounidense, seguirán otros.

Reconocer esa realidad no es un acto de lesa patria, es identificar una de las causas del problema a fin de intentar remontarlo con el menor costo y daño........

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