Primero fue Sinaloa, luego Oaxaca y ahora Baja California, tres estados gobernados por Morena donde en menos de seis años, el crimen organizado penetró las estructuras de poder estatal y municipal a tal profundidad, que los gobiernos dejaron de ser parte del problema, convirtiéndose en el problema mismo. La última ficha de este dominó cayó el martes, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 individuos y 25 entidades que, desde el corazón del gobierno de Marina del Pilar Ávila, permitieron la ampliación del Cártel de Sinaloa, que corrompió funcionarios y lavó dinero, a través de su franquicia criminal Los Rusos.

“En el centro de esta narcocorrupción está el exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres, y su hermano Luis Alfonso Torres”, afirmó en un comunicado el Departamento del Tesoro. “Carlos Torres es un operador político del cártel que tiene una alianza con El Ruso. Usó su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de intervención gubernamental o judicial en Baja California”. Aunque no se precisan los años específicos de esa participación criminal, por la naturaleza de lo que hizo operó durante al menos tres años del gobierno de la mandataria estatal.

La acusación contra Torres es extensiva, aunque de manera informal y aún no judicializada contra la gobernadora, que estuvo casada con él hasta noviembre del año pasado, una separación arreglada, porque no dejaron de mantener su relación. El Departamento de Estado les canceló sus visas en mayo de 2025, pero el gobierno de la presidenta Claudia........

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