Con los escándalos taquilleros de los días recientes por el retiro de la visa a Andy y el frustrado retorno de Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, no se ha prestado la atención que requiere a un tema de suma relevancia para el país, la iniciativa de ley contra el feminicidio, ese flagelo que afecta de manera irreparable a víctimas y sobrevivientes, que destruye familias y desgarra el tejido social.

Cada 8 de marzo y 25 de noviembre retumba con fuerza el mismo grito de rabia: “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”. Pero siguen ocurriendo casos todo el año, todos los años y en todo el país. Solo por nombrar algunos más recientes, el de Karla Valeria Jiménez, en Puebla, asfixiada por su propio esposo, o el de Dafne Zapata, asesinada en una academia militarizada en Tamaulipas.

La presidenta Sheinbaum está por cumplir dos años en el poder y combatir ese crimen atroz ha sido una de sus principales promesas desde la campaña. El 15 de julio envió al Congreso la iniciativa de Ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, que busca, entre otras cosas, homologar en todo el país los mecanismos de investigación y las sanciones –que ahora irán de 50 a 70 años de prisión–, así como crear un registro de orfandad por feminicidio.

La iniciativa ha sido sometida a una amplia discusión. El Senado abrió un micrositio donde recibió cerca de 800 propuestas para enriquecer el proyecto, y se han realizado mesas de diálogo con autoridades, especialistas, activistas y víctimas colaterales o sobrevivientes de........

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