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Dos días después del terremoto más letal que ha tenido Colombia en los últimos 27 años, mientras vecinos y rescatistas lo daban todo por salvar vidas atrapadas entre los escombros, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, nos contaba que el gobierno de De la Espriella los autorizó a realizar operativos militares en el país. Fue la tercera vez, en una semana (y sin cumplir 15 días de gobierno), que nos enteramos de asuntos trascendentales por políticos de otros países. Primero, fue el designado embajador gringo, John McNamara, quien nos avisó que íbamos a salirnos del club de negocios con China; después, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nos explicó que las autoridades colombianas declinaron el envío de rescatistas y personal médico extranjero, cuando en diferentes municipios de Risaralda, Chocó y en Buenaventura la gente denunciaba que no llegaban las fuerzas nacionales de rescate o eran insuficientes para la magnitud de la tragedia.

Más allá de la anécdota de cómo nos estamos enterando de las decisiones de política exterior, autorizar a los estadounidenses a realizar operaciones militares en nuestro territorio nos remonta a épocas inquietantes. En........

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