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Un comerciante recibe una llamada que le exige pagar para seguir trabajando; una familia entrega sus ahorros bajo amenazas; una persona revela sus datos porque le prometen un premio inexistente. Cuando estas conductas se dirigen desde una cárcel, la pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede el Estado custodiar a una persona y permitir que desde el mismo lugar de reclusión continúe delinquiendo? Están en juego la seguridad de los ciudadanos y la credibilidad de la justicia.

El Ministerio de Justicia informó que el operativo del 28 de enero de 2026 en 124 establecimientos de reclusión del orden nacional permitió incautar 1.320…

El Ministerio de Justicia informó que el operativo del 28 de enero de 2026 en 124 establecimientos de reclusión del orden nacional permitió incautar 1.320 celulares y 1.700 tarjetas SIM. La cifra corresponde a una intervención concreta, no a la totalidad de equipos clandestinos. Pero obliga a preguntar qué ocurre antes y después de cada decomiso: cómo ingresó el aparato, quién facilitó su utilización y qué investigación impedirá que sea reemplazado.

Es necesario hablar de frente sobre la complicidad de quienes tienen responsabilidades de vigilancia. Un guardia o funcionario que cobra por dejar entrar un celular, alerta sobre una requisa o facilita comunicaciones prohibidas ayuda a preservar la capacidad criminal del interno. Su responsabilidad debe probarse e individualizarse. Sin embargo, describir estos hechos únicamente como “fallas de control” puede ocultar la existencia de acuerdos deliberados para lucrarse del delito.

La vigilancia también debe abarcar la cadena de abastecimiento. El 21 de marzo de 2026, la USPEC respondió a una publicación de la revista Semana sobre el presunto ingreso de celulares, armas y drogas a través de una empresa encargada de la alimentación en El Buen Pastor. La entidad anunció verificaciones internas, traslado a la Fiscalía y coordinación con el INPEC; también aclaró que, a esa fecha, no contaba con información concreta y verificable para identificar responsables. Son señalamientos que requieren investigación, no conclusiones anticipadas.

Si se demuestra que un contrato destinado a........

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