El fondo soberano presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tiene como objetivo movilizar 120.000 millones de euros en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad, no sólo nace con muchas dudas sobre si viabilidad y su eficacia, sino que en opinión de las instituciones y analistas financieros no es fondo, no es soberano, genera deuda, tampoco es inversión y, además, huele demasiado a Venezuela y a Maduro.

Como explica la teoría económica los fondos soberanos consisten en construir un depósito estatal de activos financieros con una finalidad o destino concreto. El ejemplo más paradigmático es el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, el más rico y conocido del planeta que fue creado en 1990 y que acumula un valor estimado de 1,526 billones de euros.

Sin embargo se trata también de un instrumento que se caracteriza por su falta de transparencia respecto a las empresas, sean nacionales o internacionales, en las que invierten, por lo que han saltado ya voces de alerta respecto a la posibilidad, más que probable, de que conociendo a Sánchez y en vista de los precedentes se pretenda utilizar esta opacidad para beneficiar a las empresas del gusto del Gobierno. Es decir para seguir colonizando empresas privadas.

Eso, además de que se utiliza para no tener que devolver a Bruselas otros 10.500 millones de los fondos Next Generation y de que como apuntan responsables del sector financiero este España Crece, que así se denomina el instrumento, sólo va a hacer lo mismo que ya está haciendo el ICO, y que nadie califica como fondo soberano. Circunstancia que aumenta también las dudas sobre la posibilidad de que se duplique el tamaño del fondo con la participación de inversores privados. Sobre todo porque quien va a gestionar las inversiones que canalice el fondo España Crece va a ser el propio ICO.

Y respecto al cumplimiento de este nuevo compromiso recordar que Sánchez sólo ha entregado 350 viviendas de protección oficial de las 184.000 que prometió hace ahora dos años. Y siete años después de que llegara a La Moncloa, tanto él como su gobierno siguen sin entender que la crisis de la vivienda en España obedece a tres causas fundamentales: la falta de oferta, el aumento de la demanda y la falta de solvencia de los demandantes que reduce sensiblemente la capacidad de hipotecarse.

Escollo este último que está directamente relacionado con la fiscalidad abusiva, la precariedad laboral la elevada tasa de desempleo juvenil, el estancamiento de la productividad, la baja capacidad de ahorro y el aumento de la pobreza en un país donde uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza o exclusión.

Añadir a esto en el caso del alquiler la falta de seguridad jurídica de los propietarios ante la okupación o el impago de los inquilinos, además de la sobreprotección que la legislación desacertada y las políticas de los socios populistas del gobierno ejercen sobre quienes con actitudes delictivas que atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada.

Como hemos explicado en anteriores ocasiones lo que no entiende este gobierno, por fanatismo ideológico en unos casos y por estrategias electoralistas en otros y ajenos siempre al interés y a las necesidades de los ciudadanos, es que para dinamizar y abaratar el mercado de vivienda lo que realmente funciona es estimular la oferta. Se necesita liberar suelo urbanizable, rebajar la elevada fiscalidad y en el caso del alquiler dar mayor seguridad jurídica eliminando la indefensión legal y formal del propietario ante impagos, ocupaciones y destrozos, además de eliminar o agilizar la burocracia. Factores todos ellos que encarecen tanto la creación de vivienda nueva como la venta o puesta en alquiler de viviendas ya construidas.

No es normal que se necesiten diez años para modificar un plan de ordenación urbana", resaltaba recientemente Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de Construcción, para añadir que " e inseguridad para los promotores inmobiliarios los problemas subsanables no deberían anular una planificación porque crea lentitud ". Que se enteren.

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