La Comunidad de Madrid ha vuelto a situarse a la vanguardia de las reformas institucionales en España. Si durante los últimos años el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha destacado por consolidar la fiscalidad más competitiva, contener el crecimiento del gasto público y acometer reformas orientadas a fortalecer la libertad económica, ahora da un paso adicional de enorme relevancia: reconocer y reforzar los derechos de los contribuyentes mediante el Anteproyecto de Ley de Defensa del Contribuyente aprobado por el Consejo de Gobierno.

Se trata de una iniciativa que trasciende el debate estrictamente tributario. No estamos únicamente ante una norma fiscal, sino ante una auténtica declaración de principios sobre la relación entre la Administración y los ciudadanos. Porque conviene recordar una cuestión esencial que con frecuencia se olvida: el dinero que gestiona la Administración pertenece previamente a los contribuyentes. Son ellos quienes sostienen los servicios públicos mediante su esfuerzo, su trabajo, su ahorro y su inversión. Por ello, la Administración no puede situarse en una posición de superioridad frente al ciudadano, sino de servicio al ciudadano.

La historia reciente de España ofrece precedentes importantes en esta materia. Durante los gobiernos de José María Aznar, y con figuras como Ignacio Ruiz-Jarabo al frente de la Agencia Tributaria, se impulsó una concepción moderna de la relación entre Hacienda y los contribuyentes. Aquella etapa........

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