La verdad siempre nos hace libres. Por ello, ninguna sociedad puede deliberar, corregirse o gobernarse a sí misma cuando las condiciones para el debate público comienzan a restringirse o, peor todavía, cuando el acceso a la verdad depende de un solo poder.

La iniciativa impulsada por el gobierno federal en los últimos días bajo el argumento de proteger los llamados "derechos de las audiencias" es sumamente preocupante. Porque más allá de su denominación, la discusión de fondo es si el poder polí tico puede convertirse en árbitro privilegiado de aquello que los ciudadanos deben considerar verdadero, falso o aceptable.

Soy una convencida de que toda democracia descansa sobre un principio elemental: ningún poder debe concentrar simultáneamente el ejercicio del gobierno y la facultad de determinar cuáles voces son legítimas y cuál les deben ser sancionadas o censuradas; en otras palabras, el gobierno no puede ser protagonista, juez y parte del debate público.

Hoy hay quienes olvidan que las democracias liberales nacieron precisamente para evitar esa concentración. El riesgo que no quieren que veamos consiste en que el gobierno en turno se convierta en el intérprete oficial de nuestra realidad. Porque cuando una autoridad pretende definir el perímetro de la verdad, el pluralismo comienza a retroceder y, con él, la libertad de todos.

El más reciente........

© El Diario