En muchas ocasiones, en los tiempos de antes, varios jueces federales recibieron (sí, del escribiente, pero fundamentalmente de infinidad de chihuahuenses) comentarios elogiosos por el trabajo desarrollado que, en ocasiones, merecieron el reconocimiento internacional, en especial sus resoluciones en lo referente a los feminicidios cometidos en la entidad, o en el resguardo de los derechos de las comunidades indígenas.

En este último caso, destaca, por su relevancia continental, el de la comunidad indígena rarámuri de Bosque de San Elías-Repechike, en el municipio de Bocoyna, debido a que la construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre-Creel se hizo sin haber realizado una consulta previa, libre e informada a la comunidad.

Pero ahora, la resolución del Juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, de Juárez, en el caso del Crematorio Plenitud, en el que resolvió otorgarle un amparo definitivo a su propietario -José Luis A. C- y ordenar, por tanto, su libertad, ha desatado una nueva oleada de reclamos de los deudos de las 386 víctimas, cuyos cuerpos fueron encontrados en esas instalaciones.

Inusitadamente, ha recibido acres críticas de algunos de los exponentes de las dos fuerzas políticas mayores en Chihuahua y, además, el enojo de los deudos es pareja hacia las autoridades; no hace distinciones, va lo mismo a las de los ámbitos federal y estatal.

Por una parte, la de la gobernadora, Maru Campos, y por la otra, la del Coordinador de los Diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada.

Destila gravísimas deficiencias la resolución de Rivas.

El juez federal resolvió que “el dueño del Crematorio Plenitud no ocultó, ni conservó de forma ilícita los cadáveres, y que por haber sido sometidos a un proceso de embalsamamiento se cumplió con la Ley General de Salud» y en la audiencia para ejecutar la orden federal el juez de control (local) señaló «que no se hizo la disposición final, es decir, las personas fallecidas no fueron inhumadas ni cremadas”. (Nota de Blanca Elizabeth Carmona, La Verdad Juárez, 14/2/26).

Es decir, el juez local asentó todo lo contrario, si decidiéramos seguir el hilo de los pensamientos del juez federal, quien asentó que se habían cumplido las disposiciones legales de ‘embalsamamiento’ de los cuerpos, que marca el límite de 48 horas posteriores al fallecimiento.

¿Y cómo supo el juez federal que los 386 cadáveres fueron........

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