Por: Lina Arango

Los accionistas de la concesión Autopistas del Caribe, Menzel Amín de KMA y los españoles del Grupo Ortiz, han anunciado demandas contra el Estado colombiano por no lograr el cierre financiero de sus proyectos, a pesar de llevar años cobrando siete peajes en el corredor concesionado. Esta situación ha desatado una controversia nacional: mientras los concesionarios alegan incumplimientos contractuales, las comunidades denuncian que han pagado por obras que nunca se iniciaron.

En Colombia, el modelo de concesiones viales atraviesa una crisis que pone en evidencia sus debilidades estructurales. A pesar de que se presenta como una solución eficiente para el desarrollo de infraestructura, en la práctica ha generado conflictos legales, obras paralizadas y una creciente desconfianza ciudadana. Los casos recientes de Autopistas del Caribe, las troncales del Magdalena, concesión vial de los Llanos de Odinsa entre otros, muestran cómo los proyectos se estancan cuando el cierre financiero no se logra, los permisos ambientales no son tramitados o aparecen riesgos que “no fueron analizados en la etapa de estructuración. Como resultado, los concesionarios recurren a demandas millonarias contra el Estado para recuperar inversiones que nunca se tradujeron en kilómetros de vía construida.

Uno de los problemas centrales es el modelo financiero que sustenta estas concesiones. Aunque se plantea que los ingresos provienen de recursos privados, en realidad depende casi exclusivamente de los peajes pagados por la ciudadanía. Es decir, el modelo se sostiene sobre el bolsillo de los usuarios, quienes deben asumir el costo de obras que muchas veces no se ejecutan o se hacen sin responder a las necesidades reales del territorio.........

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