Maru Campos volvió a colocar un asunto delicado sobre la mesa. La gobernadora de Chihuahua asegura haber recibido amenazas contra su persona, sus bienes y su familia, y las atribuye al Gobierno Federal. Una gobernadora constitucional diciendo que el poder central la amenaza no es asunto menor.

Pero vayamos al meollo. Hasta donde públicamente se conoce, no habla de mensajes clandestinos ni advertencias anónimas. Se refiere a oficios y actuaciones de la Fiscalía General de la República que interpreta como parte de una persecución política. Y aquí las palabras importan.

Existe una investigación. El 23 de mayo la FGR citó a Campos dentro de una carpeta relacionada con el llamado “CIAgate”, derivado del operativo en Chihuahua en el que participaron agentes estadounidenses. El Gobierno estatal calificó entonces la actuación como persecución política. Días después, Maru respondió formalmente al citatorio, al que consideró ambiguo y jurídicamente deficiente.

Ahora sostiene que la presión continúa.........

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