El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Eduardo Parra - Europa Press

Llevamos dos meses viendo las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Miles de personas ocupan sus playas, plazas y calles, han congestionado hasta el colapso los servicios públicos ceutís y sus dispositivos de acogida. El Gobierno ha movilizado recursos, aprobado ayudas y establecido un mando único para gestionar la crisis. Lo que no ha hecho es promover una reforma de la Ley de Extranjería que permitiría abordar el vacío jurídico abierto en la frontera marítima de la ciudad. «No conviene actuar en caliente», se nos dice, «es mejor actuar con calma». Porque las leyes no deben aprobarse para responder a situaciones concretas. Es un viejo axioma jurídico: no legislar bajo presión de los acontecimientos.

En materia de vivienda, se lo han tomado con calma. Una calma que ha durado ocho años. Sánchez prometió en 2015 que no habría ni un desahucio más con un Gobierno socialista. Pero los ha habido por cientos de miles. Se aprobó una inútil Ley de Vivienda, se sucedieron los anuncios de construcción de centenares de miles de casas, pero los precios continuaron alejándose de los ingresos de la gente. Entonces llegó el desahucio de Maricarmen, y los alegatos de indignación, las........

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