El gobierno de Rodrigo Paz Pereira debe dictar una amnistía general e irrestricta para todos los presos, exilados y perseguidos políticos de Evo Morales y Luis Arce. Se trata de una atribución presidencial que se materializa mediante un decreto supremo, con la aprobación del poder legislativo (art. 172.14 CPE). También existe la vía judicial que adoptó la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el ex líder cívico Marcos Antonio Pumari; sin embargo, esta es una vía traumática, pesada, burocrática y llena de corrupción. La extinción de estos casos conllevará además una disminución considerable de la pesada carga procesal que tiene el poder judicial.
La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia sostiene que en Bolivia existen cerca de 200 presos políticos. La figura “estrella” en todos estos casos ha sido la del terrorismo. El código penal boliviano (art. 133) exigía que estén presente en el comportamiento del imputado, tres elementos indispensables: 1) Formar parte y actuar al servicio de una organización armada; 2) Que la organización armada esté destinada a cometer........

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