La crisis que atraviesa Bolivia es el resultado de veinte años de vigencia de un régimen que apostó por un Estado protagonista en la economía, mientras relegaba al sector privado a un rol secundario o lo trataban como un adversario. El estatismo produjo bajo crecimiento, expansión de la informalidad, caída de la inversión y una creciente pérdida de confianza.

El principal obstáculo a superar es la persistencia de una lógica de control estatal sobre la actividad privada, materializada en instituciones como la Autoridad de Fiscalización de Empresas, creada para regular, controlar y supervisar las actividades empresariales en temas que le son inherentes y sustantivos. El cierre de esta entidad no tiene que ver únicamente con su ineficiencia, discrecionalidad o politización, sino con el principio de que la actividad empresarial debe regirse por normas claras y no por mecanismos burocráticos que, lejos de facilitarla, la entorpecen.

Es necesario que el registro empresarial vuelva a las instituciones privadas, y que se elimine el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, lo que transparentará la información, permitirá agilizar el proceso de constitución de empresas, reducirá costos y trámites, y limitará la discrecionalidad en el........

© El Deber