Hace varias semanas, el gobierno nacional anunció que enviará a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley de hidrocarburos, minería, recursos evaporíticos e inversiones, un paquete normativo --considerado estructural--, que pretende generar las condiciones para atraer inversión extranjera, dinamizar la producción y reactivar la economía. La iniciativa evidenciará además si existe la mayoría parlamentaria para acompañar el Plan de Gobierno y la claridad necesaria para elaborar instrumentos jurídicos consistentes y sostenibles.

Aunque la intención del Ejecutivo muestra un genuino interés por impulsar las áreas productivas, y merece ser respaldada por los asambleístas, resulta insuficiente si no se desmonta primero el andamiaje que sostiene todo el sistema. 

Y es que, en economía, las leyes no son piezas aisladas. Son mecanismos de una arquitectura que responden a un diseño, a una filosofía, a una manera de entender la relación entre los individuos, el Estado, el mercado y las fuerzas productivas.  Esto es particularmente visible en sistemas altamente ideologizados en los que las normas se construyen para sostener al poder político y validar sus narrativas.

Durante 20 años, el populismo construyó en Bolivia una arquitectura jurídica con salvaguardas y candados; con elementos internamente correlacionados y profundamente........

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