Bolivia atraviesa una encrucijada económica seria: escasez de dólares, alto déficit fiscal y una crisis de combustibles que asfixia. En este contexto, el país necesita claridad, madurez y responsabilidad en el manejo de la deuda externa.

Lo que no necesita —y lo que resulta francamente alarmante— es una sentencia judicial que criminaliza una decisión técnica adoptada en un momento de emergencia. La condena a algunas autoridades económicas por haber gestionado un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la pandemia es un grave error jurídico, económico e institucional.

Se trató de un instrumento de financiamiento rápido, aprobado por el FMI sin condiciones estructurales y diseñado precisamente para contextos de urgencia sanitaria. Cientos de países accedieron a este mismo mecanismo. Solo en Bolivia se convirtió en un delito.

Peor aún: el Banco Central de Bolivia reconoció en 2023 que el uso de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI no constituye un préstamo, sino........

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