Una iniciativa parlamentaria que propone penalizar el bloqueo de carreteras vuelve a colocar en el centro del debate nacional una de las prácticas más dañinas y normalizadas de la protesta social en Bolivia. Durante años, el cierre de vías ha sido utilizado como mecanismo de presión política y sectorial sin medir -o ignorando deliberadamente- los costos económicos, sociales e institucionales que acarrea. El resultado es evidente: un país paralizado de forma recurrente, con ciudadanos rehenes de conflictos ajenos y una imagen internacional deteriorada que ya pasa factura.

El derecho a la protesta es legítimo y está reconocido por la Constitución Política del Estado. Sin embargo, no es un derecho absoluto ni puede ejercerse vulnerando otros derechos fundamentales. El libre tránsito, también constitucional, ha sido sistemáticamente violentado........

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