Bolivia ha llegado a un punto en el que ya no basta con administrar crisis: es necesario resolverlas. Desde hace más de un mes, los bloqueos de carreteras dejaron de ser mecanismos ocasionales de protesta para convertirse en instrumentos capaces de paralizar la economía nacional e interrumpir el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. Más de ochenta puntos de bloqueo han aislado regiones enteras, provocando pérdidas que superan los 2.100 millones de dólares, a un ritmo de más de 50 millones diarios. Pero reducir esta crisis a cifras sería ignorar el drama humano detrás de cada carretera bloqueada: al menos trece bolivianos han fallecido vinculados directa o indirectamente a los bloqueos, pacientes no pudieron recibir atención médica oportuna y miles de ciudadanos quedaron sometidos a incertidumbre, miedo y agotamiento psicológico.

El riesgo más grave no es únicamente humanitario o económico. El verdadero peligro radica en la progresiva erosión de la autoridad estatal. Cada día sin respuesta efectiva fortalece la percepción de que quien controla los caminos tiene más poder que quien ocupa el Palacio de Gobierno. Esa pérdida de confianza alimenta una dinámica peligrosa: la aparición de grupos ciudadanos dispuestos a asumir tareas que corresponden exclusivamente a las instituciones públicas. La crisis de 2019 es una advertencia suficientemente clara sobre adónde conduce ese camino.

La situación se agrava con denuncias sobre la presencia de grupos armados dentro de algunos sectores movilizados. Imágenes........

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