Bolivia convive con una de las tasas de informalidad más altas de América Latina. Cerca del 70–80% del empleo se genera fuera del sistema formal. Ante este panorama, una de las propuestas recurrentes es reducir impuestos para incentivar la formalización. El argumento es sencillo: si el costo tributario disminuye, más empresas decidirán ingresar al sistema formal. Pero la realidad es más compleja.

Para una microempresa informal, el problema no se limita al pago de impuestos. Formalizarse implica obtener licencias municipales, cumplir normas sanitarias y de seguridad, registrar trabajadores, pagar aportes a la seguridad social y someterse a inspecciones periódicas. Cada uno de estos pasos tiene un costo económico y, sobre todo, un costo de tiempo y gestión. En muchos casos, los márgenes son tan estrechos que asumir esos costos puede poner en riesgo la supervivencia del negocio.

La evidencia regional y global demuestra que el problema es más profundo que una simple tasa tributaria.

Un caso relativamente exitoso es Brasil, que creó el régimen del Microempreendedor Individual (MEI). Este sistema simplificó drásticamente el proceso de formalización: un trámite en línea, un pago mensual fijo reducido y acceso a seguridad social. Millones de trabajadores por cuenta propia ingresaron al sistema. La clave no fue solo bajar impuestos, sino simplificar los trámites y ofrecer beneficios tangibles.

Más extremo aún es el caso de Perú, donde durante décadas coexistieron regímenes simplificados con una informalidad persistente superior al 70%. Aunque existen esquemas tributarios accesibles, los costos laborales y la débil fiscalización mantienen altos niveles de informalidad. La lección es clara: un régimen barato no cambia la estructura productiva ni la baja productividad. Colombia y México ofrecen experiencias mixtas.

Estos ejemplos sugieren que la informalidad no es solo una cuestión de impuestos, sino de incentivos integrales. Los empresarios informales comparan costos y beneficios. Si formalizarse significa más obligaciones sin acceso real a crédito, a mercados más grandes o a protección jurídica efectiva, la decisión racional es permanecer fuera del sistema. En este sentido, se puede afirmar que la informalidad en Bolivia cumple una función social: absorbe mano de obra que el sector formal no puede emplear.

Reducir impuestos puede ser parte de la solución, especialmente para microempresas, pero no es la solución mágica. Se necesita una simplificación administrativa radical, digitalización de trámites, reducción de la carga laboral para pequeñas unidades productivas y, sobre todo, mayor confianza en que el Estado devuelve en servicios lo que cobra en tributos.

La pregunta central no es cuánto se paga, sino qué se recibe a cambio. Mientras formalizarse sea percibido como un salto al vacío —más costos, más controles y pocos beneficios— la economía informal seguirá siendo el refugio racional de millones de bolivianos. Y mientras no haya crecimiento sostenido y aumento de la productividad, la formalización masiva seguirá siendo difícil.

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