La principal ventaja del libre comercio es la reducción del nivel de precios de la economía que liberaliza. Cuando lo que se importa son cereales y carne —productos en los que los países del Mercosur tienen una clara ventaja competitiva—, un acuerdo de liberalización comercial es aún más positivo, al tratarse de productos cuyo hipotético abaratamiento incide directamente en el coste de la alimentación, componente primordial de los presupuestos familiares.

La firma el pasado mes de enero del acuerdo entre la UE y Mercosur, después de veinticinco años de negociaciones y casi haber alcanzado un acuerdo en 2019, no se ha debido a las bondades básicas del libre comercio, sino que ha sido una consecuencia colateral de los aranceles de Trump y de la imprevisibilidad de la política comercial norteamericana. La Unión Europea, principal exportador a Estados Unidos, tiene que buscar mercados alternativos al norteamericano. La necesidad de construir "alianzas comerciales" entre "potencias medias", al margen de las dos "superpotencias", como hipotético embrión de una nueva arquitectura del comercio mundial, también ha servido como empujón final al acuerdo.

Su aprobación no ha sido ni será pacífica. La firma se produjo tras una dividida votación en el Consejo Europeo. La mayoría se alcanza cuando votan a favor el 55% de los Estados miembros —al menos quince de los Veintisiete— que representen al menos el 65% de la población europea. Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda votaron en contra. Italia, que en 2019 se opuso férreamente al acuerdo, se inclinó a favor. Sin su aprobación final, los opositores hubieran alcanzado el 35% de la población de la UE y el acuerdo hubiera vuelto a embarrancar.

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