La principal ventaja del libre comercio es la reducción del nivel de precios de la economía que liberaliza. Cuando lo que se importa son cereales y carne —productos en los que los países del Mercosur tienen una clara ventaja competitiva—, un acuerdo de liberalización comercial es aún más positivo, al tratarse de productos cuyo hipotético abaratamiento incide directamente en el coste de la alimentación, componente primordial de los presupuestos familiares.

La firma el pasado mes de enero del acuerdo entre la UE y Mercosur, después de veinticinco años de negociaciones y casi haber alcanzado un acuerdo en 2019, no se ha debido a las bondades básicas del libre comercio, sino que ha sido una consecuencia colateral de los aranceles de Trump y de la imprevisibilidad de la política comercial norteamericana. La Unión Europea, principal exportador a Estados Unidos, tiene que buscar mercados alternativos al norteamericano. La necesidad de construir "alianzas comerciales" entre "potencias medias", al margen de las dos "superpotencias", como hipotético embrión de una nueva arquitectura del comercio mundial, también ha servido como empujón final al acuerdo.

Su aprobación no ha sido ni será pacífica. La firma se produjo tras una dividida votación en el Consejo Europeo. La mayoría se alcanza cuando votan a favor el 55% de los Estados miembros —al menos quince de los Veintisiete— que representen al menos el 65% de la población europea. Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda votaron en contra. Italia, que en 2019 se opuso férreamente al acuerdo, se inclinó a favor. Sin su aprobación final, los opositores hubieran alcanzado el 35% de la población de la UE y el acuerdo hubiera vuelto a embarrancar.

El escollo siguiente no ha podido ser sorteado. El Parlamento Europeo ha decidido, en una apretada votación, solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia Europeo sobre si el acuerdo con Mercosur es conforme a los tratados europeos. El argumento de fondo es que el texto del acuerdo va, en algunos ámbitos, más allá de las cuestiones comerciales e invade competencias de los países. Se espera que el Tribunal se demore al menos un año en su dictamen, lo que impide la ratificación del acuerdo por el Parlamento Europeo. Si el dictamen es negativo, el acuerdo deberá ser modificado en aquellos aspectos que indique el Tribunal, lo que obligaría a abrir de nuevo las negociaciones. La ratificación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay también será necesaria para que el acuerdo entre en vigor.

Al margen de las cuestiones legales, la oposición del sector agrario europeo ha sido absoluta. De entrada, es entendible: el acuerdo favorece a la industria europea —automóviles, maquinaria, productos químicos y farmacéuticos— y reduce la protección de nuestras producciones agrarias y ganaderas.

El argumento del sector primario europeo va un punto más allá: el acuerdo no sólo abre el mercado, sino que permite la competencia desleal. Los estándares de producción europeos no se exigen a los productos importados. Aquí, la matización es importante. Cualquier producto que se comercialice en la Unión Europea, importado o no, tiene que cumplir los mismos requisitos. Cuestión adicional es si los servicios aduaneros de la Unión tienen la capacidad suficiente para garantizar el análisis de todos los productos importados.

El acuerdo con Mercosur favorece a la industria europea y reduce la protección de nuestras producciones agrarias y ganaderas

Lo relevante es que este requisito sobre el producto no se aplica a la producción. El ejemplo de los pesticidas es quizás el más claro. Hay pesticidas que están prohibidos en la Unión Europea, pero no en Brasil o en Argentina. La producción de estos países puede comercializarse en Europa siempre que el contenido en dichos pesticidas no supere el umbral mínimo fijado, umbral que debe fijarse en función de su posible afectación a la salud humana. Es en esta diferencia entre la norma de producto y la norma de producción donde radica la competencia desleal de la producción agropecuaria no europea: la posibilidad, por ejemplo, de usar pesticidas más baratos que están prohibidos en Europa.

La Unión Europea suele introducir en sus tratados las llamadas "cláusulas espejo", que tratan de hacer efectivas las restricciones europeas a los sistemas de producción foráneos. La pregunta inmediata es quién controla el cumplimiento de semejantes cláusulas. El acuerdo con Mercosur incorpora este tipo de garantías, además de un sistema de salvaguardias para prevenir un incremento excesivo de las importaciones provenientes del Cono Sur americano. No es un mal acuerdo, y liberalizar es siempre un avance en la dirección correcta.

El problema no es tanto el acuerdo en sí con Mercosur como el agotamiento de la paciencia del sector agrario. Manuel Pimentel, exministro de Trabajo e ingeniero agrónomo, recopiló en 2023, bajo el título La venganza del campo, una serie de artículos escritos por él a lo largo de varios años. El hilo conductor es fácil de encontrar. Agricultores, ganaderos y pescadores son despreciados por la sociedad urbanita por atentar contra el medio ambiente y vivir como parásitos de las subvenciones de la PAC. Las autoridades comunitarias animan al abandono de tierras y a la disminución de cupos pesqueros y ganaderos. Se dificulta extraordinariamente la actividad cuando no se prohíbe directamente de granjas, invernaderos, regadíos, trasvases, silos, mataderos o piscifactorías. Los derechos de los ganaderos se subordinan a los derechos de animales depredadores que harán todo lo que tengan que hacer para sobrevivir. Todo ello configura una política agraria en absoluto orientada a la producción de los alimentos que precisamos. La venganza del campo la veremos en forma de desabastecimiento y las consiguientes subidas de precios.

Como en otros ámbitos de la actividad económica, la "apología del decrecimiento", envuelta en criterios medioambientales, ha tratado de imponerse en el mundo agrario. Si ya hemos descubierto la necesidad de una industria propia, de contar con un suministro asegurado de minerales críticos o de primar la seguridad del suministro de energía, acabaremos cayendo en la cuenta de que también necesitamos un suministro de alimentos seguro y asequible.

Mientras tanto, la "venganza del campo" se materializa en el rechazo a una izquierda envuelta en las banderas ecologistas y animalistas, y en el apoyo a una extrema derecha que promete la radicalidad de volver a un mundo que ya se ha ido. No es posible ni conveniente volver a la utopía autárquica, pero no estaría mal recuperar buena parte de la sensatez perdida al plantear nuestra política agraria. La liberalización del comercio internacional no tiene por qué ser incompatible con el incremento de la producción e ingresos de agricultores, ganaderos y pescadores. Una política cuyo objeto es producir cada vez menos sólo puede ser la antesala de un desastre.

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