Durante la presidencia de Richard Nixon, su entorno en la Casa Blanca elaboró, entre 1971 y 1972, un listado de lo que posteriormente se llamó la Lista de Enemigos, donde se relacionaban periodistas, profesionales de los medios, opinadores y responsables de editoriales, todos ellos críticos con el Gobierno. El proyecto se denominaba internamente Political Enemies Project y destinaba recursos públicos del Estado contra adversarios políticos. El proyecto se descubrió durante la investigación del caso Watergate en 1973. La aparición en esta lista no supuso, de facto, sufrir consecuencias directas, como investigaciones tributarias, pero eso no restó importancia a la gravedad del caso: la elaboración desde el Ejecutivo de un inventario de personas críticas con el Gobierno a las que se denominó "enemigos políticos" con la finalidad de hacer un uso instrumental de esa información.

Al poder no le gustan los periodistas críticos, ni los jueces, ni nadie que pueda auditar su gestión o sus decisiones. En una época en la que, a nivel global, el Poder Ejecutivo ha ido expandiéndose en detrimento del Legislativo, colonizando las instituciones y anulando los contrapesos, el Poder Judicial, por un lado, y los medios de comunicación libres, por otro, recuerdan a la sociedad que no todos los comportamientos son aceptables y que, cuanto mayor es el poder que ostenta una persona, mayor responsabilidad hay que exigirle. No en balde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado a la prensa como Public Watchdog (perro guardián) de la democracia, amparándose en el artículo 10 del Convenio, que protege el derecho de los medios a informar sobre asuntos de interés general a la vez que garantiza el derecho de los ciudadanos a recibir esa información.

Esta semana, este diario ha destapado la existencia de un dosier de 54 folios elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior en 2024, denominado Tertulianos. Radio y Televisión, con fichas de 280 periodistas y tertulianos.

El documento no es gran cosa: menciona, entre otras cosas, que Cristina Narbona es "presidenta del PSOE" y le atribuye la siguiente valoración política: "Defiende los postulados del PSOE". El agua moja y el fuego quema. En relación con los demás afectados, el dosier se dedica a poner, junto al nombre del protagonista, su fotografía, los medios con los que colabora y la adscripción ideológica subjetiva atribuida, así como su posición........

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