En la primera entrada de esta serie explicamos las ideas básicas del modelo de financiación autonómica: qué es, para qué sirve y quién gana y quién pierde con la propuesta de reforma. En esta segunda entrega, abordamos los detalles de la propuesta de reforma.

Antes de hacerlo, conviene situar el estado de la cuestión. A estas alturas, seguimos trabajando exclusivamente con una presentación de 18 diapositivas. No solo no tenemos un anteproyecto, sino que ni siquiera se ha presentado oficialmente la propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. Y es poco probable que tengamos algo más a corto plazo por tres motivos.

Primero, porque no hay presupuestos nacionales ni catalanes. Los de Cataluña están bloqueados por ERC, que considera que el gobierno de España no cumple con los acuerdos con el PSC, en particular con el traspaso de la gestión, inspección, recaudación y liquidación del IRPF desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a la Agencia Tributaria de Cataluña.

Segundo, porque las principales impulsoras del proyecto, María Jesús Montero e Inés Olondriz, han abandonado sus puestos. La primera ha dejado el Ministerio de Hacienda para presentarse a las elecciones en Andalucía y la segunda ha pasado de la Secretaría General de Financiación Autonómica a la presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Tercero, porque las circunstancias económicas globales no ayudan. La crisis energética derivada de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz ponen en cuestión cualquier proyección de ingresos tributarios sobre la que descansaba la propuesta original.

Hechos estos preliminares, veamos qué propone el gobierno como nuevo sistema de financiación autonómica para las 15 comunidades de régimen común (todas, excepto el País Vasco y Navarra).

El núcleo del nuevo modelo es, en lo fundamental, continuista. Conviene discutir primero qué se propone repartir y luego cómo se ajustará ese reparto para asegurar la igualdad en la prestación de los servicios públicos entre los territorios.

En la propuesta, las comunidades autónomas de régimen común recibirán el 55% de la recaudación del IRPF de los contribuyentes residentes en ellas y el 58% de la recaudación del IVA y de los impuestos especiales (aunque, en el caso de los impuestos especiales, el porcentaje real está ligeramente por encima del 58% por la incorporación del antiguo céntimo sanitario). El reparto del IVA y de los impuestos especiales seguirá realizándose, como hasta ahora, en función de los índices de consumo que elabora el Instituto Nacional de Estadística, no en función de dónde se liquida el impuesto (contra un mito muy extendido en España). El IVA pagado en una gasolinera de Repsol en Málaga va a la Junta de Andalucía, aunque Repsol liquide en la Delegación Especial de la AEAT de Madrid.

Sin entrar ahora en si los índices de reparto son altos o bajos, los criterios de reparto del IRPF (residencia), del IVA y de los impuestos especiales (consumo) son muy sensatos. Hay una excepción, sin embargo, en lo que se refiere al IVA de las pymes, donde se crea un privilegio territorial aberrante que comentaremos enseguida.

La recaudación de impuestos seguirá realizándose fundamentalmente por la AEAT, aunque existe la previsión de una administración tributaria "en red" que explicaremos en otra entrega. Basta con señalar aquí que ya sabemos cuáles serán los efectos de delegar "en red" la gestión del IRPF, porque los hemos visto en las........

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