Como el vigente sistema de financiación de las comunidades autónomas no lo entiende nadie en España, era previsible que la nueva propuesta de financiación presentada por el Gobierno el pasado 9 de enero tampoco se entendiese.

Y para desterrar incluso la posibilidad más remota de claridad, el Gobierno ha decidido compartir una cantidad mínima de detalles y cifras, limitándose a una somera presentación de 18 páginas. Si 18 páginas son todo lo que hay concreto (y el Gobierno sabrá por qué no quiere dar más detalles), lo que no falta es discurso político a raudales, a favor y en contra del nuevo modelo.

Los antecedentes de la propuesta se encuentran en el acuerdo PSC-ERC de julio de 2024. De hecho, como explicaremos más adelante, en esta reforma se empiezan a materializar los dos primeros apartados transitorios de dicho acuerdo: el aumento sustancial de la financiación de la Generalidad de Cataluña y el principio de ordinalidad, en lo que definimos como "ordinalidad fuerte" en nuestro libro La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía (La Esfera de los Libros, 2025, 2.ª edición). Esta propuesta no es el cupo catalán, pero sí hay varios aspectos que podrían ser su germen. Además, todavía no sabemos cuál será el resultado de la tramitación parlamentaria, que podría llevar tanto a que el proyecto no prospere como a acentuar alguno de sus rasgos más preocupantes.

Como ya es costumbre, intentaremos aclarar las cuestiones y aportar datos, especificando las fuentes. El sistema de financiación autonómica es una cuestión importante y creemos que es fundamental ser transparentes para que los ciudadanos puedan formarse una opinión basada en la realidad.

Para exponer una cuestión tan relevante, necesitaremos más de una entrega. Hoy comenzaremos con lo básico: qué es el modelo de financiación autonómica, para qué sirve, y quién pierde y quién gana con esta reforma. Una advertencia: la práctica totalidad de lo que vamos a comentar está detallado en nuestro libro, que es la única fuente dedicada a esta cuestión y escrita para no especialistas publicada en los últimos años.

El sistema de financiación autonómica no es más que el reparto de la recaudación de impuestos a las comunidades autónomas para que estas puedan prestar servicios a los ciudadanos. Las comunidades autónomas gastan un 77% de su presupuesto en tres partidas: sanidad, que es el gasto de mayor importe con diferencia; educación; y otros servicios sociales, entre los que destaca la dependencia. En 2022, las comunidades autónomas gastaron unos 200.000 millones de euros. De estos, 18.000 millones corresponden al País Vasco y Navarra, que están fuera del sistema de financiación común. De los 182.000 millones restantes, 152.000 millones provinieron del sistema de financiación. El resto se reparte entre aportaciones de la Unión Europea, aportaciones del Estado fuera del sistema y el déficit. Estamos hablando, por tanto, de una cuestión importante: ¿disponen las diversas comunidades autónomas de una financiación suficiente y homogénea para prestar estos servicios públicos?

El reparto actual no funciona. Por eso se plantea una reforma. Pero eso no significa que cualquier reforma sea mejor. Y los recursos no son gratis. La reforma parte de una inyección anual de 20.975 millones de euros de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas.

A este importe habría que añadir el aumento del fondo de compensación interterritorial en 3.300 millones de euros. Estos no serían fondos de las comunidades autónomas, sino inversiones territorializadas del........

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