El conglomerado sanchista ha entrado ya de lleno en ese torbellino en que las desgracias se acumulan y se suceden como una carrera de relevos, sin conceder respiro, y lo único que se espera cada mañana es que una calamidad ceda transitoriamente para que la conversación gire a otra calamidad o, en el mejor de los casos, que algo malo le ocurra al rival (por ejemplo, que un gobierno autonómico compre un ático que no puede explicar).

Han pasado cincuenta días con la crisis de Ceuta monopolizando los espacios de información política en todos los medios sin excepción, incluidos los progubernamentales. Cada jornada ha sido peor que la anterior para el crédito y la reputación del Gobierno; y, sobre todo, para la vida de los ceutíes, a quienes un Sánchez desquiciado ha recomendado que se vayan haciendo a la idea de que este es el futuro que les espera. Tengo para mí que este es el golpe más duro y duradero que ha recibido el Gobierno de Sánchez en todo su recorrido: que no confíen en este caso en la presunta amnesia social. Dentro de veinte años nadie recordará quién fue Ábalos, pero los sucesos de Ceuta de 2026 se seguirán contando en los colegios.

Pero pasó el verano y regresó la pesadilla judicial. La maquinaria del poder sanchista ha logrado la espectacular marca de acumular 17 causas judiciales (incluyendo las piezas separadas) con 127 personas imputadas, 20 tipos de delito relacionados con distintas variantes de corrupción y, hasta el momento, peticiones de prisión que, en su punto máximo, se traducirían en más de 2.300 años de prisión.

(No incluyo en la cuenta el juicio sobre la sublevación institucional de 2017 en Cataluña aunque, considerando la trayectoria del Gobierno respecto a ese caso, puede considerarse parte del proceso: desde el primer día tomó partido por los condenados y no ha cesado de usar su poder a su servicio, en lo político y en lo judicial).

Hay imputados de todas las clases: exministros, capataces orgánicos del PSOE al........

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