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“Estamos obligados a devolver el estadio como lo encontramos”: ¿Qué negocian productoras para hacer conciertos en el Nacional?

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20.05.2026

La controversia más reciente ocurrió en marzo de 2026, cuando la Municipalidad de Lima clausuró temporalmente el recinto luego de dos fechas del festival “Una Noche de Salsa 14”. Las autoridades detectaron incumplimientos relacionados con el horario límite del espectáculo, exceso de ruido y acumulación de residuos en exteriores. La multa ascendió a S/110 mil y fue asumida por la productora organizadora, mientras el Instituto Peruano del Deporte (IPD) marcó distancia públicamente y anunció nuevas medidas de control para futuros eventos.

El episodio sirvió para visibilizar algo que rara vez se explica fuera del circuito empresarial: las productoras no solo alquilan el estadio para hacer conciertos. También se habla de contratos donde se establecen obligaciones específicas sobre seguridad, horarios, limpieza, desmontaje de estructuras y recuperación del campo de juego. Dependiendo del evento, además, deben presentar garantías económicas que cubran posibles daños al recinto.

En medio de ese escenario aparece nuevamente el Estadio Nacional como sede del regreso de Ed Sheeran a Lima después de nueve años. Su productor local, Coqui Fernández, sostiene que el debate alrededor de los conciertos muchas veces se simplifica demasiado. “Ética y contractualmente estamos obligados a devolver el recinto en las mismas condiciones en las que lo encontramos”, afirma. La frase resume una discusión mucho más amplia: cómo convivir entre fútbol, espectáculos y una ciudad que exige cada vez más control sobre eventos masivos.

Organizar un concierto en el Estadio Nacional no funciona igual que alquilar un recinto privado como Costa 21 o Arena 1. Al tratarse de una infraestructura administrada por el Estado, el proceso involucra más filtros y tiempos de aprobación. Según Fernández, los trámites pueden tomar hasta más cuatro meses, debido a que intervienen distintas áreas administrativas y técnicas.

“No es distinto a cualquier trámite estatal”, explica el empresario. “El Estado tiene normas y candados porque está........

© El Comercio