Por: María del Carmen Jiménez

El proyecto de modificación del Decreto 1075 de 2015, impulsado por la ministra de educación del gobierno de Abelardo de la Espriella, amplía y ordena mecanismos para que privados, fundaciones e iglesias o confesiones religiosas puedan celebrar contratos para administrar o prestar el servicio educativo.

Esta iniciativa representa un giro hacia dos procesos simultáneos: la mercantilización y la confesionalización de la educación pública. Se pretende pasar del derecho social, al servicio contratado. La Constitución de 1991 concibió la educación como un derecho fundamental y un servicio público con responsabilidad principal del Estado. El proyecto de decreto referido no elimina formalmente esa responsabilidad, pero desplaza parte de su ejecución a operadores externos mediante contratos que pueden prorrogarse por varios años.

El cambio no es solo administrativo. Introduce una lógica donde el Estado deja de ser constructor directo de capacidades; infraestructura, planta docente, y........

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