Ernesto Cardoso Camacho

En estos tiempos de calores intensos y conflagraciones amenazantes ocurre un fenómeno sociopolítico contradictorio con relación al ardiente clima que nos agobia. Se trata del huracán propio de temporadas lluviosas que amenaza seriamente la subsistencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En mucho tiempo de nuestra borrascosa vida institucional ninguna decisión política había causado tanta controversia como la creación de la JEP, en el propósito de consolidar el Acuerdo de Paz suscrito por el gobierno Santos con la cúpula de las Farc. Su origen se plasmó en el Acto Legislativo 01 de 2017 que se insertó en la Constitución y con vigencia de 20 años, es decir que su finalización se estableció para el 2037, otorgándole independencia administrativa, presupuestal y técnica.

Posteriormente se aprobó el Acto Legislativo 02 de 2017 con el fin de darle estabilidad jurídica al Acuerdo, el cual fue radicado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de que dicho organismo avalara su contenido en el marco jurídico del Derecho Internacional Humanitario. Quizás su mayor preponderancia jurídica consiste en instaurar un sistema autónomo de justicia transicional donde pudieran consolidarse  conceptos fundamentales como son VERDAD-  JUSTICIA- REPARACIÓN Y NO........

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