Por Carlos Yepes, economista. Asesor de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos del Congreso de la República.

Hay noticias que uno cree que se quedan “por allá”, en esa franja del mapa que solo visitan los analistas internacionales y los noticieros. Pero la economía tiene una mala costumbre: no respeta la distancia. Basta con que un punto del planeta se vuelva peligroso para navegar, para asegurar, para transportar, y el efecto rebota como una piedra en el agua hasta llegar al Huila. Eso está pasando con la escalada en Oriente Medio y, sobre todo, con la tensión sobre el Estrecho de Ormuz, un cuello de botella por donde se mueve cerca del 20% del petróleo y gas que circula en el mundo. Cuando esa compuerta se cierra, o cuando el mundo cree que puede cerrarse, no solo tiemblan los mercados: tiembla el bolsillo.

En estos días, la reacción fue casi automática. Cuando el riesgo entra a la ecuación, el mercado no discute: cobra. El Brent venía subiendo y se instaló cerca de US$85, con saltos rápidos en pocos días por el temor a interrupciones de suministro y por el encarecimiento de la logística energética. Pero ojo: esto no se traduce únicamente en “petróleo caro”. Es algo más corrosivo y cotidiano: fletes más costosos, seguros cancelados o disparados, rutas evitadas, y una presión hacia arriba en el precio del diésel y la gasolina. Dicho en lenguaje de finca, que es el que importa: si el combustible se encarece, todo lo demás se trepa, desde el transporte de un bulto de abono hasta el costo de sacar una carga de café hacia el puerto.

En Colombia, el golpe llega con una paradoja que en la Comisión Tercera entendemos claramente: lo que le sirve al fisco puede complicarle la vida al territorio. Si sube el petróleo, el Gobierno respira por ingresos petroleros y dividendos; pero al mismo tiempo se nos puede disparar la inflación por la vía de combustibles y transporte. Y cuando la inflación se muestra en alza, el Banco de la República reacciona. No es especulación: el Banco subió la tasa 100 puntos básicos hasta 10,25% en enero. Una tasa alta es como un freno de mano: ayuda a controlar precios, sí, pero encarece el crédito y enfría decisiones de inversión. En el campo, eso se traduce en una frase simple y dura: la plata cuesta más.

Ahora, ¿por qué el Huila siente este choque más que el promedio nacional? Porque nuestra economía es, en buena medida, economía de producción real: café, arroz, cacao, tilapia, comercio asociado y servicios que dependen del ingreso rural. Y esas cadenas productivas comparten tres vulnerabilidades que se activan con una guerra como esta: insumos importados, dependencia del transporte y exposición al dólar. Empecemos por el café. Somos potencia nacional y eso es motivo de orgullo, pero también de responsabilidad: el departamento reportó una producción de 2.523.904 sacos, equivalente al 19,65% de la cosecha nacional. Esa fortaleza productiva no es un dato de vitrina: es el sustento de miles de familias. Y por eso mismo, si el peso se mueve brusco o si suben los costos de producción, el ingreso neto del caficultor se puede apretar incluso cuando el precio internacional está alto.

El canal menos visible, pero más duro, es el de los fertilizantes. En la ciudad se habla de gasolina; en el campo se habla de urea, DAP y fletes. Y ahí es donde la guerra se vuelve factura. Si el conflicto encarece energía y transporte marítimo, los fertilizantes nitrogenados y fosfatados tienden a subir o a volverse más volátiles. Eso golpea de frente al arroz, donde la fertilización pesa fuerte en el costo por hectárea y donde los márgenes suelen ser estrechos. Si a ese estrés le sumamos crédito caro por tasas altas y logística encarecida por diésel, el productor queda expuesto a perder: le cuesta más producir y no siempre puede vender más caro. Y cuando el campo entra en incertidumbre, la región entra en incertidumbre: menos siembra, menos empleo estacional, menos consumo en los pueblos. La economía rural no se detiene sin consecuencias; cuando se frena, lo social empieza a crujir.

A ese cuadro se suma un debate nacional que parece técnico, pero en el Huila se siente como precio en la estación de servicio: el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Portafolio registró que Ecopetrol recibió pagos por $72,8 billones para cubrir saldos del FEPC entre 2022 y junio de 2025. Es decir: cuando el precio internacional se dispara, alguien paga la diferencia entre el precio “real” y el precio interno. Si el Brent se mantiene alto por semanas, el país vuelve a la disyuntiva: o se amplía la presión fiscal, o se traslada parte del costo al consumidor y al transportador. Y cuando el transportador paga más, el productor huilense termina pagando más también, porque en un departamento enclavado entre dos cordilleras, el transporte no es un accesorio: es una parte grande del costo final.

Por eso, como economista y asesor legislativo, mi lectura es sencilla: al Huila no le conviene vivir pendiente de la ruleta global. Necesitamos amortiguadores. En el corto plazo, un plan serio para reducir el golpe de insumos: compras más transparentes, información clara de precios, alivios focalizados, y crédito que realmente oxigene al pequeño productor, no solo anuncios bonitos. En paralelo, hay que apretar tuercas a la logística interna: menos cuellos de botella, mejor coordinación en corredores viales, y un esfuerzo real por bajar esos costos invisibles que se comen la competitividad sin que nadie los vea. Y en el mediano plazo, lo que casi nunca se dice en voz alta: hay que depender menos de los factores que el Huila no controla. Eso incluye, por ejemplo, impulsar energía rural donde sea viable, bombeo, transformación, refrigeración,  para que el diésel no siga siendo el impuesto silencioso de nuestra productividad.

Ormuz queda lejos en el mapa, pero demasiado cerca en el mercado. Si la crisis dura poco, veremos volatilidad y susto. Si se prolonga, se reescriben costos y se reordenan ganadores y perdedores. El Huila ya hizo antes una transición difícil: pasó de una economía petrolera a una economía agrícola de exportación. Esa capacidad de adaptación es una fortaleza, pero la adaptación no ocurre sola: ocurre cuando el Estado acompaña y cuando el Congreso legisla entendiendo que lo que pasa en el Estrecho de Ormuz no es ajeno a lo que pasa en los cafetales de Pitalito ni en las piscícolas de Rivera.

Los misiles están lejos. Las consecuencias, no. Por eso, más que discursos, necesitamos decisiones y coordinación. En otras palabras: “un acuerdo para vivir mejor”

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