El 22 de julio pasado, EE.UU y Arabia Saudí firmaron en Washington el llamado Acuerdo 123 de cooperación nuclear civil, junto a un convenio bilateral de salvaguardias. El pacto abre la puerta al enriquecimiento de uranio en suelo saudí bajo ciertas condiciones y prescinde del Protocolo Adicional del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), instrumento de verificación que otorga acceso reforzado a emplazamientos no declarados (nucleares o de doble uso).

El objetivo formal del acuerdo es diversificar las fuentes de energía del Arabia Saudí y reducir su dependencia del petróleo. Pero detrás de esa explicación económica subyace algo más trascendente: la posibilidad de que Riad siente las bases tecnológicas de una futura capacidad nuclear militar.

El acuerdo, sin embargo, no está cerrado. Al tratarse de un Acuerdo 123, amparado en la Ley de Energía Atómica de 1954, debe remitirse al Congreso estadounidense, que dispone de 90 días para revisarlo y podría bloquearlo mediante una resolución junto con el Senado. Varios senadores, han denunciado que el pacto “vende” la seguridad nacional al carecer de salvaguardias suficientes y exigen que Washington imponga antes el Protocolo Adicional del OIEA. Hasta que el Congreso se pronuncie, lo firmado en julio queda pendiente de entrada en vigor.

Para Washington, el pacto tiene, además, importantes implicaciones........

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