Opinión | Escrito sin red

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. / EFE

Se han iniciado esta semana dos juicios que versarán sobre las posibles responsabilidades de delitos de corrupción en los dos partidos fetén de la democracia española, PSOE y PP. Lo que, de hecho, será presentado por el resto de partidos como un juicio severo al bipartidismo. Se confundirá, una vez más, el bipartidismo con la partitocracia cuando, en realidad, difieren ambos conceptos. La partitocracia supone, como es el caso de España, que el poder no reside en el ciudadano, sino en los partidos, merced al sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, en las que los electores no pueden seleccionar a los candidatos de su agrado. El bipartidismo puede ser el resultado tanto de una predeterminación partitocrática como de la voluntad democrática. El primer caso es el de España. El segundo es el del Reino Unido. Por eso, el resto de partidos intentarán presentar estos juicios como un juicio al bipartidismo, es decir, al sistema que les excluye, o les dificulta extraordinariamente alcanzar la presidencia del Gobierno, como atestigua la historia de España desde 1978, calificada por todos ellos como la historia del régimen del 78. Aunque tanto en el caso de la extrema izquierda de Sumar en el Gobierno, o fuera de él, como Podemos, IU, nacionalistas separatistas y demás aliados que sostienen a Sánchez como en el de Vox, tan beneficiarios todos ellos como el PSOE y PP de un sistema en que las élites, sean del color que sean, se benefician de la dependencia absoluta del diputado de la cúpula de su partido y de su independencia respecto al elector.

Pero ambos juicios no versarán sobre las bondades ni las maldades del sistema político, sino sobre los delitos de corrupción económica y política en los que habrán incurrido, no los partidos, sino los representantes políticos, o partidarios, o ciudadanos incursos en ellos. Todo lo cual no empece para que muchos ciudadanos consideren, de forma metonímica, que los juicios lo son a un sistema político que se caracteriza, no por las corrupciones de tipo personal que se dan en cualquier sistema, sino por aquellas ligadas a la financiación de los partidos o posibilitadas por las posiciones de poder en el seno de los partidos, en las que no se puede diferenciar entre corrupción personal y partidaria. Examinemos los dos casos. En el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Aldama, a propósito de la trama de las mascarillas en tiempo de pandemia, se dan los dos tipos de corrupción. Es obvio que, sin el poder del que disfrutaba Ábalos como secretario de organización del PSOE y como ministro de Transportes, con su gigante de la militancia y del proxenetismo, no habrían sido posibles, ni la trama corrupta de las mascarillas obligatorias para ciudadanos confinados inconstitucionalmente, ni la compañía de prostitutas en viajes oficiales de placer, ni su colocación en empresas públicas en las que no daban palo al agua, todo pagado con dinero público, ni pisos para ellas financiados por Aldama a cuenta de los beneficios de la corrupción administrativa. Es inevitable concluir que, sin la delegación de tan inmenso poder de Sánchez en Ábalos, nada de todo esto hubiera sido posible. Sánchez, presuntamente, no se enteraba de nada. Ábalos, su compañero del manual de resistencia, era un desconocido.

En el juicio contra Fernández Díaz, exministro de Interior con Rajoy y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, en el que también están procesados el comisario Villarejo y Sergio Ríos, el chófer de la familia Bárcenas, se examina la responsabilidad de todos ellos en la comisión de delitos de espionaje y sustracción de información que guardaba Bárcenas sobre la financiación irregular del PP por comisiones sobre adjudicaciones públicas. Toda la trama destinada a recuperar la información es conocida como operación Kitchen (cocina). Fernández y Martínez están enfrentados por los mensajes entre ellos que el segundo registró ante notario en los que le transmitía que la operación se había saldado con éxito. Debido a las informaciones facilitadas por los encausados, entre otras que había intervenido el CNI, deberá declarar Félix Sanz Roldán, a la sazón director del mismo. La cuestión de fondo radica en que es poco verosímil que la intervención, muy de Torrente, de espionaje y secuestro de la familia Bárcenas con un falso cura armado de un pistolón, teledirigida desde el ministerio del Interior, financiada con fondos reservados, se realizara sin conocimiento de Rajoy y sin intervención del PP cuya secretaría general ostentaba Dolores de Cospedal. Otra cosa es que pueda probarse. Fernández Díaz es un pata negra del PP de Cataluña desde el principio y se le supone inmensa capacidad de sacrificio por el partido de sus amores; aunque una condena de quince años de cárcel de por vida dada su edad pueda reblandecer sus firmes fidelidades partidarias. Francisco Martínez podría seguir su ejemplo. Pueda probarse o no, la responsabilidad última de toda esa corrupción política, recae sobre Rajoy, presidente de un PP beneficiario de la misma y presidente de un Gobierno implicado en la comisión de gravísimos delitos para taparla. ¿Qué credibilidad puede merecer Feijóo, que no duda en aparecer en actos partidarios del brazo de un Aznar que mintió gravemente atribuyendo los atentados del 11M a ETA para evitar el desastre electoral (guerra de Irak) y del de Rajoy, ese desastre de político que, además de cubrir la corrupción del PP, incumplió todas sus promesas electorales de 2011, subió los impuestos y naufragó ante los sucesos de 2017 en Cataluña? ¿Feijóo del brazo de la mentira, de la corrupción y del crimen?

En efecto, los juicios no son sobre el sistema político. Técnicamente. Pero no hay duda alguna de que siguen una estela de juicios históricos sobre corrupción política que, sin contar con los actuales, han supuesto para el erario español hasta ahora la cantidad de 1.850 millones de euros: casos que han implicado al PSOE: La trama Filesa, caso Roldán, Banco de España (Mariano Rubio), fondos reservados GAL, Eres de Andalucía; al PP: Caso Naseiro, Túnel de Sóller, Gürtel, Púnica, Bárcenas, Kitchen; a CiU: caso 3% Pujol, caso Palau; a UM: Can Domenge. No son sobre el sistema, pero suponen una secuencia más de una cadena que contribuye a configurar su esencia: un sistema corrupto que nos mantiene presos, una oligarquía de partidos que nos parasita.

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