Empar Isabel Bosch Sans

La disuasión rota: cuando violar sale barato 

Desde la investigación histórica sabemos que los fenómenos que no se pueden nombrar acaban cronificándose. Hablar de inmigración, violencia sexual y disuasión penal se ha convertido en Europa en uno de esos tabúes institucionales: y cuando un problema no se puede nombrar con precisión, tampoco se puede corregir.

En 2025, en España se registraron por las fuerzas y cuerpos de seguridad 21.659 delitos contra la libertad sexual, de los cuales 5.363 fueron agresiones sexuales con penetración. En términos cotidianos, esto equivale a una media de 59 delitos sexuales registrados al día, y casi 15 agresiones con penetración diarias. Estas cifras no describen toda la violencia sexual existente, sino la parte que llega a conocimiento policial, lo que hace aún más inquietante su magnitud.

En comunidades con policía propia, la tendencia es igualmente preocupante. En Cataluña, los datos oficiales muestran un crecimiento sostenido de los delitos contra la libertad sexual a lo largo de la última década, con más del doble de casos registrados que a mediados de la década de 2010. Solo en 2025 se registraron 4.576 delitos contra la libertad sexual, incluidos 1.794 casos de agresión sexual con penetración, lo que supone unas 12,5 denuncias diarias y casi cinco violaciones registradas cada día.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, según Eustat, en 2024 se registraron 766 casos de violencia sexual contra mujeres, lo que representa una parte significativa del conjunto de violencias registradas. Los datos policiales disponibles para 2025 indican además un incremento interanual en las agresiones sexuales, con una media superior a dos agresiones sexuales registradas al día en el primer semestre del año. Aunque las series estadísticas no permiten aún una comparación limpia a diez años vista, la tendencia reciente confirma que el problema no es coyuntural.

Ante este escenario, la cuestión central no es solo cuántos delitos se registran, sino qué mensaje disuasorio transmite el Estado. La disuasión no es venganza; es prevención. Y la prevención depende de la claridad de los límites y de la previsibilidad de las consecuencias.

En España, la respuesta institucional reciente ha ido en la dirección contraria. Según el Consejo General del Poder Judicial, la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022 —conocida como la ley del «solo sí es sí»— ha dado lugar a 1.233 reducciones de pena y al menos 126 excarcelaciones de agresores sexuales ya condenados. Se trata de datos oficiales que muestran un efecto real y cuantificable de la norma. Más allá de la intención declarada del legislador, el resultado fue una erosión objetiva del mensaje disuasorio del sistema penal.

El contraste con otros marcos legales no pretende idealizar modelos punitivos ni justificar sanciones inhumanas, sino subrayar una diferencia institucional relevante. En países como Pakistán, la violación de menores puede ser castigada incluso con la pena de muerte en determinadas circunstancias. En Senegal, las reformas legales han endurecido notablemente las penas por violación y pederastia, con condenas que pueden alcanzar la cadena perpetua en los supuestos más graves. En estos contextos, la violación de niñas es tratada como un crimen de máxima gravedad.

Europa, en cambio, ha construido un sistema en el que agresiones sexuales gravísimas pueden traducirse en penas suspendidas, revisiones a la baja o excarcelaciones anticipadas. No se trata de comparar barbaries con civilización, sino de constatar algo elemental: los Estados educan también a través de sus leyes. Y cuando el mensaje es que la violación de una menor puede resolverse sin prisión efectiva o con consecuencias limitadas, la capacidad disuasoria del sistema se debilita de forma objetiva.

La prevención real exige datos completos, educación obligatoria y evaluable, especialmente dirigida a chicos adolescentes sobre sexualidad, pornografía, poder y violencia, y consecuencias claras y estables cuando se cruza la línea. Un Estado que no fija límites firmes no es más humano: es más negligente. Y en materia de violencia sexual, la negligencia institucional siempre tiene las mismas víctimas.

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