Por: Fernando Zambrano Ortiz

“La autoridad electoral dice que acatará al Poder Judicial, pero lo hace mutilando la información que podría servir para aclarar una de las mayores controversias políticas del Perú reciente. Así no se construye confianza; así se alimenta la sospecha.”

La ONPE ha emitido un comunicado que, lejos de transmitir transparencia, parece confirmar exactamente lo contrario: que sigue actuando con una lógica defensiva, cerrada y políticamente desconfiable frente a una controversia que jamás fue esclarecida de manera convincente ante millones de peruanos.

Durante años, desde la segunda vuelta de 2021, Fuerza Popular exigió acceso al padrón completo y a la documentación que permitiera contrastar identidades, firmas, DNI y huellas de quienes aparecían en actas observadas, cuestionadas o consideradas altamente controvertidas por amplios sectores del país. No se trataba de un capricho. Se trataba de una exigencia elemental de fiscalización frente a un proceso cargado de denuncias, anomalías percibidas y resultados que, para una parte importante de la ciudadanía, nunca terminaron de disipar las dudas.

¿Y qué hizo la ONPE durante todo ese tiempo? Negarse. Resistirse. Blindarse. Cerrar el acceso. No actuó como una institución interesada en despejar cualquier sospecha. Actuó, más bien, como un aparato........

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