Silicon Valley no existiría sin la investigación financiada por el gobierno. Las tecnologías fundamentales, incluidos los semiconductores e Internet, surgieron de programas de investigación militar de la época de la Guerra Fría. Cuando eran estudiantes de posgrado en Stanford, Larry Page y Sergey Brin contaron con la financiación de la Fundación Nacional para la Ciencia para desarrollar los algoritmos de búsqueda que acabarían convirtiéndose en Google. Las pantallas táctiles y las baterías de iones de litio que ahora llevamos encima todo el día se desarrollaron igualmente en laboratorios universitarios financiados con subvenciones gubernamentales. Incluso la IA generativa –incesantemente promocionada como el mayor logro del libre mercado, del que depende el destino de la economía estadounidense– surgió de décadas de investigación financiada por el Departamento de Defensa (DOD). Geoffrey Hinton, el ganador del Premio Nobel conocido como el padrino de la IA, dejó su puesto académico en Estados Unidos precisamente porque quería evitar los contratos con el Pentágono. No obstante, Hinton recurrió al Gobierno canadiense para que le ayudara a financiar su laboratorio en la Universidad de Toronto, que acabó formando a investigadores líderes en IA para OpenAI, Google y Meta.

Teniendo en cuenta lo mucho que Silicon Valley se ha beneficiado de la investigación financiada por el Gobierno a lo largo de los años, cabría esperar cierta reverencia hacia el sistema

Teniendo en cuenta lo mucho que Silicon Valley se ha beneficiado de la investigación financiada por el Gobierno a lo largo de los años, cabría esperar cierta reverencia hacia el sistema

Teniendo en cuenta lo mucho que Silicon Valley se ha beneficiado de la investigación financiada por el Gobierno a lo largo de los años, cabría esperar cierta reverencia hacia el sistema. Como mínimo, incluso los racionalistas tecnoliberales más acérrimos deberían reconocer el valor de no matar a la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, las élites de Silicon Valley se encuentran en el centro mismo del devastador ataque de la Administración Trump a la financiación pública de la ciencia y, no por casualidad, se han posicionado para sacar provecho de los escombros. En particular, los inversores conservadores de capital riesgo Peter Thiel y Marc Andreessen han aprovechado sus estrechos vínculos con el presidente para lanzar un ataque descarado contra las universidades y la ciencia institucional. En mensajes de texto privados filtrados a The Washington Post el año pasado, Andreessen escribió que “las universidades están en la zona cero del contraataque”. Calificó a Stanford y al MIT como “operaciones de presión principalmente políticas que luchan contra la innovación estadounidense en este momento” y prometió que las universidades “pagarían el precio” de “declarar la guerra al 70 % del país”. Lo más preocupante es que Andreessen pidió que la Fundación Nacional de Ciencias recibiera “la pena de muerte burocrática”. 

Thiel lleva mucho tiempo fijándose el objetivo de desviar los fondos federales para investigación de las universidades hacia la industria privada. En numerosas entrevistas, Thiel ha señalado que tenemos 100 veces más doctores en ciencias que hace un siglo, pero que el ritmo de progreso es prácticamente el mismo. La afirmación en sí misma es dudosa. No ofrece ningún criterio claro de referencia con el que medir el progreso científico, ni considera ni considera la posibilidad de que la ciencia se haya vuelto más compleja tras un siglo de avances. ¿Podría ser que se necesite más burocracia, por muy defectuosa que sea, para operar un Gran Colisionador de Hadrones en comparación con un microscopio y un mechero Bunsen? Para Thiel, la respuesta es........

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