La cita electoral de este domingo 22 de marzo está ahí, a la vista de todos los ciudadanos conscientes de que se trata de una cita con la democracia, otro de esos momentos en los que la patria convoca a todos los bolivianos mayores de 18 años para decidir, una vez más, su destino.

Las elecciones subnacionales, como en casi toda la historia democrática del país, se decidirán con factores no necesariamente relacionados con la voluntad popular. El peso numérico del padrón no coloca al sur del país en el centro de la disputa nacional, como ha quedado evidenciado en las campañas, respecto a los lugares con mayor cantidad de votantes.

Pero esto no significa que haya sitios con menor importancia que otros. Al contrario de la relevancia o de la irrelevancia que determinen las candidaturas a una u otra circunscripción, el voto puede y debe ser una expresión de proyecto, de identidad y de aspiración política.

A diferencia de otras convocatorias electorales, esta cita con las urnas posee matices particulares. El primero es el clima de fatiga política que atraviesa a buena parte del electorado. Tras años de confrontación partidaria y debates polarizados, muchos ciudadanos parecen más interesados en la eficacia administrativa que en la retórica ideológica. En las calles, mercados y barrios salta con frecuencia una preocupación concreta por mejores servicios, más oportunidades económicas, mayor seguridad y, sobre todo, obras, respondiendo a las necesidades locales.

Un segundo rasgo distintivo es la percepción del ciudadano sobre los gobiernos subnacionales. Las gobernaciones y las alcaldías ya no son percibidas únicamente como espacios administrativos, sino como centros de decisión capaces de impulsar desarrollo, gestionar recursos y equilibrar el peso del poder central. En departamentos y municipios, los votantes evalúan cada vez más la capacidad de los candidatos para negociar con el Gobierno nacional, atraer inversión y ejecutar proyectos que impacten directamente en la vida cotidiana.

Uno de esos proyectos —quizá el más ambicioso de las últimas décadas— es la autonomía departamental, una conquista legalmente reconocida en la Constitución Política de 2009 después de largas luchas ciudadanas, pero en la práctica limitada y sometida a la lógica del centralismo. La autonomía prometida dista mucho de la que se tiene en la actualidad: competencias recortadas, recursos condicionados y una agenda local que suele subordinarse a intereses partidarios nacionales.

El desafío, entonces, no es creer ingenuamente que el voto de este domingo definirá quién o quiénes serán los próximos gobernadores, asambleístas, alcaldes o concejales, sino entender que puede ser utilizado para respaldar a quienes estén dispuestos a romper esa inercia. El voto en las circunscripciones uninominales acaba siendo definitivo en la caracterización. Por eso, el voto consciente aún sirve para exigir representantes que defiendan con firmeza lo que la ley ya concede, que negocien con visión de futuro y que no se recuesten en la comodidad de la dependencia fiscal y política.

En un país como Bolivia, donde el centralismo se ha disfrazado de descentralización, la autonomía solo será real si cuenta con liderazgos que la ejerzan, la hagan valer en los espacios de decisión y la conviertan en motor de desarrollo. No se trata de gritar más fuerte que otros departamentos. De lo que se trata es de sentarse a la mesa de negociación con propuestas serias, alianzas inteligentes y capacidad técnica.

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