Resurgió una propuesta que parecía superada: la legalización extraordinaria de los autos ‘chutos’ o indocumentados. Sus promotores sostienen que esta medida permitiría recaudar miles de millones de dólares, formalizar un parque automotor que ya circula por el país y destinar esos recursos a obras públicas. El proyecto fue presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional y ha abierto un intenso debate nacional.

El argumento económico puede parecer atractivo en un momento de estrechez fiscal. Sin embargo, la pregunta de fondo es otra: ¿Debe el Estado convertir en legal aquello que nació al margen de la Ley?

La respuesta debería ser negativa. Todo Estado de derecho descansa sobre un principio elemental: las normas deben cumplirse y quien las infringe no puede terminar obteniendo el mismo beneficio que quien actuó correctamente. Cuando ocurre lo contrario, la legalidad........

© Correo del Sur