Legislar en caliente rara vez depara buenas políticas públicas y esta semana hemos tenido una muestra clara, por más que el texto remitido al BOE llevara meses gestándose. El Gobierno aprobó este martes dos reales decretos ley sobre vivienda, espoleado en buena medida por la conmoción ante el desalojo en camilla de una mujer de 87 años en el barrio madrileño de Retiro. Las medidas se venían perfilando desde julio, por lo que resulta justo admitir que lo negociado a contrarreloj no han sido las iniciativas en sí, sino el texto político que permitiera su convalidación parlamentaria.

El diagnóstico de partida es bien conocido. El Banco de España estima un déficit acumulado de unas 750.000 viviendas desde 2021, una brecha que podría ampliarse en otras 300.000 antes de que concluya 2028. En 2025 se crearon alrededor de 240.000 hogares mientras solo se terminaban unas 92.000 viviendas. Los precios reales se sitúan ya en niveles comparables a las de 2005, si bien por motivos diferentes. Entonces el carburante que alimentaba la subida era el crédito. Hoy lo es la escasez física ante una demanda demográfica y migratoria creciente. Con ese desajuste, sorprende que la intervención pública vuelva a concentrarse en la demanda y no en la oferta, como podría ser la Ley del Suelo. Y hay mucha evidencia que nos permite anticipar con cierta probabilidad lo que sucederá si estas medidas entran en vigor y son convalidadas por el Congreso.

Al analizar las medidas, la primera a considerar es la ayuda a la entrada de la primera vivienda, de hasta el 20% del valor del inmueble, con un tope de 50.000 euros, sumada a una deducción del 10% en el IRPF para alquileres cuyo inquilino declare una base inferior a 33.000 euros. El esquema recuerda al programa británico Help to Buy, evaluado por Felipe Carozzi, Christian Hilber y Xiaolun Yu. Al........

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