Es casi litúrgico empezar cualquier opinión sobre la estrategia de una parte de la judicatura contra el Gobierno progresista con una especie de jaculatoria, una laica persignación: la inmensa mayoría de jueces y juezas cumplen solvente e imparcialmente su primordial función en este, España, Estado democrático de Derecho. Pues ya me he persignado y puedo empezar.

Pero esa no es la cuestión cuando de lawfare contra este Gobierno se trata. Son solamente unos “cuantos pocos” jueces y juezas, pero ¡qué bien situados están! Es el resultado de un componente sociológico conservador de la judicatura; pero sobre todo del secuestro por parte del PP durante años y años del Consejo General del Poder Judicial, para controlar -y los han controlado- sus nombramientos y ascensos discrecionales para los principales tribunales.

La gente que, por unas u otras razones, tenemos cierta familiaridad con las garantías constitucionales en materia de la tutela judicial efectiva -pero no sólo esas, sino también las de muchos otros derechos........

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