La economía sumergida es un problema difícil de abordar en todos los países del mundo. Llega a tener, hemos leído, consecuencias devastadoras, tanto para los individuos, impotentes ante una situación de la que es complicado salir y que, cada vez con más frecuencia, se perpetúa en sus hijos, como para los Estados, que pierden por esa vía una ingente cantidad de ingresos decisivos para el desarrollo de sus políticas. Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que seis de cada diez trabajadores operan al margen de la legalidad a escala mundial, un fenómeno que se agudiza en el caso de las economías emergentes

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