Un ciudadano que ama la democracia no puede permanecer callado cuando ve cómo se degrada. La calidad democrática no se mide solo por urnas ni por una separación de poderes grabada en mármol. Una democracia viva exige instituciones neutrales, proporcionales y al servicio del bien común. Cuando esos pilares empiezan a tambalearse, la democracia sigue en pie, sí, pero como un decorado: fachada impecable, interior vacío.

En ese vacío emerge un fenómeno que en España empieza a adquirir una forma inquietantemente reconocible: el golpe jurídico‑policial. No es un golpe de Estado clásico; no necesita tanques ni uniformes en la calle. No rompe la ley: la usa, la retuerce, la instrumentaliza. Todo bajo apariencia de normalidad institucional, envuelto en autos, diligencias y procedimientos que, en teoría, son impecables. Pero cuyo efecto real es político, inmediato y profundo. Es más sutil, y por eso mismo más difícil de detectar y de combatir.

Cuando la ley se convierte en herramienta para fabricar titulares, moldear percepciones o desgastar adversarios, lo que se erosiona no es un gobierno: es la confianza en el propio sistema democrático.

La mecánica es ya demasiado conocida. Informes policiales sin firma, sin verificación o sin preparación suficiente, que aparecen justo en momentos políticamente sensibles. Filtraciones a la prensa antes incluso de llegar al juez, amplificadas luego por medios afines, donde el juez de las causas es el consentidor. Investigaciones que arrancan con un despliegue mediático enorme........

© Canarias Ahora