Yo acuso al Gobierno de España de haber legislado tarde, mal y de forma insuficiente. Llegó al problema de la vivienda cuando ya era el primero de los problemas del país, después de años de inacción, y lo hizo con parches que no construyen una sola vivienda, que no movilizan un solo metro cuadrado de suelo público, que no tocan un solo euro del régimen fiscal de las SOCIMI. Los decretos que presentó eran estructuralmente insuficientes: socializaban las pérdidas de los arrendadores con fondos públicos, blindaban los privilegios fiscales de los grandes tenedores y dejaban intacto el corazón del rentismo. Ahora bien, debo reconocer que los reales decretos-leyes aprobados en el último año, si hubieran sido convalidados por el Congreso, habrían impedido el desahucio y la muerte de Maricarmen. La suspensión de los lanzamientos para hogares vulnerables, prorrogada en el RDL 16/2025, y la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler del RDL 8/2026, de haber estado en vigor, habrían protegido a esa anciana de 87 años. El Gobierno legisló tarde y mal, pero los decretos que presentó, de haber sido convalidados, habrían salvado su vida. Y no solo la suya: habrían protegido a las miles de personas que, cada año, ven cómo el desahucio les destroza la salud y, en demasiados casos, les arrebata la vida.

Yo acuso a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en coalición con Vox, e, incluso, en la comunidad canaria, que gobierna Coalición Canaria con el Partido Popular, de haberse negado sistemáticamente a aplicar la Ley de Vivienda. Las competencias en materia de vivienda están en sus manos, y las han utilizado para bloquear los límites a los alquileres, para no declarar zonas tensionadas, para no movilizar suelo público, para no construir ni una sola vivienda protegida allí donde su propia gestión lo permitía. Han convertido la autonomía en un escudo para proteger a los grandes tenedores y en un arma para dejar a los vulnerables a merced del mercado. Mientras Maricarmen era desahuciada en Madrid, la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso presumía de no aplicar la ley. Esa omisión tiene nombre y apellidos. Y tiene consecuencias: cada desahucio evitable es una vida rota, una salud quebrada, un riesgo de suicidio que se multiplica. Mucha personas se habrían quitado la vida por el terrorismo financiero, según la PAH. 

Yo acuso al Partido Popular, a Vox, a Junts y a UPN de haber votado, el 27 de enero de 2026, contra el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. 178 votos contra 171. Con esos votos, señores diputados, ustedes firmaron la sentencia de Maricarmen antes de que nadie la dictara. Y firmaron también la sentencia de Olga Matute, de 54 años y dos hijas, que se suicidó el 7 de septiembre de 2026, cinco meses después de ser desahuciada de su piso en L'Hospitalet de Llobregat. El procedimiento contra ella se reactivó precisamente después de que el Congreso tumbara la moratoria de desahucios con los votos del PP, Vox y Junts. Olga lo dijo proféticamente en el Parlament de Catalunya: «La vulnerabilidad, señores, mata». Tenía razón. La vulnerabilidad mata.

Yo acuso a esos mismos grupos parlamentarios de haber derogado, el 28 de abril de 2026, el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, que prorrogaría hasta dos años los contratos de alquiler y limitaría la subida de la renta al 2% para los grandes tenedores. 177 votos contra 166. Ustedes sabían lo que hacían. Sabían a quién protegían. Y sabían a quién condenaban. El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, les advirtió en el hemiciclo: votar en contra «es empujar a que cientos de personas se suiciden» por ser desahuciadas. Les hizo «corresponsables de su muerte, dolor y sufrimiento». Y tenían razón.

Yo acuso a Junts per Catalunya de actuar como representación política de la burguesía catalana y como aliado objetivo del bloque reaccionario, anteponiendo los intereses de los grandes tenedores al derecho a la vida y la salud de los vulnerables. No es un debate técnico, señora Nogueras. Es una elección moral. Y ustedes la hicieron. Cada voto contra los decretos de vivienda fue un voto contra la vida. Cada voto contra los decretos de vivienda fue un voto contra la salud mental de miles de personas.

Yo acuso a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de haber........

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