La vivienda digna como oxímoron canario
Me hallaba en Madrid, en una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania y, en particular, sobre la vivienda como forma de reparación frente a los crímenes de la guerra. Allí se insistía en algo que hasta hace poco parecía una evidencia moral básica: reconstruir viviendas no significa solo levantar muros, sino devolver dignidad, estabilidad y condiciones materiales de vida a quienes han sido expulsados violentamente de su cotidianidad: del hogar. La pérdida de una vivienda no es únicamente patrimonial; rompe la continuidad biográfica de las personas. Por eso, el derecho internacional contemporáneo vincula cada vez más el acceso a una vivienda adecuada con la reparación de las víctimas y la reconstrucción democrática de las sociedades devastadas.
Mientras escuchaba aquellas intervenciones sobre desplazamiento forzado, derecho al retorno y reconstrucción habitacional, era inevitable pensar en el contraste con lo que sucede hoy en Canarias. Salvando todas las distancias entre una guerra y una crisis habitacional, existe una inquietante coincidencia de fondo: la vivienda termina revelando quién puede habitar un territorio y en qué condiciones. Mientras en Ucrania se debate cómo devolver hogares a quienes los perdieron por la violencia, en Canarias asistimos a otra forma de expulsión: la de quienes ya no pueden sostener económicamente la vida en su propia tierra.
Ese contraste reapareció al leer la noticia sobre el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por Observatorio DESCA, Derecho al Techo, entre otros, contra el decreto 23/2026 del Gobierno canario, de 9 de marzo. Lo que allí se discute no es solo una cuestión técnica sobre acceso a vivienda pública, sino una determinada idea de ciudadanía y, en el fondo, una erosión silenciosa del Estado social.
La Constitución española define a España como un “Estado social y democrático de Derecho”. Esa fórmula implica que la libertad jurídica pierde sentido cuando las condiciones materiales condenan a parte de la población a la precariedad estructural. El Estado........
