La entrada de alrededor de 50.000 personas en Ceuta no puede explicarse honestamente como una crisis migratoria de extraordinarias dimensiones. La magnitud, la concentración temporal, la forma de penetración y, sobre todo, el retorno de más de 48.000 personas a Marruecos en apenas dos días obligan a formular una pregunta distinta: ¿Qué operación política permitió que una frontera española quedara desbordada y que el movimiento humano pudiera iniciarse y detenerse con semejante precisión?

No estamos ante 50.000 decisiones migratorias individuales que coincidieron fortuitamente en el mismo lugar y momento. Tampoco ante una mera actuación de redes clandestinas que consiguieron eludir durante unas horas la vigilancia de dos Estados. Cuando una masa equivalente a más de la mitad de la población de Ceuta atraviesa una frontera, altera el control efectivo del territorio y regresa mayoritariamente cuando el país de procedencia restablece su actuación, el componente migratorio deja de ser la explicación principal. Las personas fueron el instrumento; la presión sobre España fue el resultado estratégico.

La denominación más rigurosa es la de operación de presión híbrida mediante la instrumentalización de población civil. No fue una invasión militar convencional, porque quienes entraron no constituían unidades armadas ni pretendían aparentemente combatir u ocupar el territorio. Pero sí se produjo una penetración masiva no consentida, capaz de saturar las instituciones, desbordar las fuerzas fronterizas, alterar gravemente la vida de una ciudad y exponer la incapacidad temporal del Estado para controlar una parte de su territorio.

Desde la doctrina de seguridad, estamos ante una acción situada deliberadamente por debajo del umbral de la guerra, pero orientada a producir efectos propios de una actuación hostil: pérdida temporal del control fronterizo, saturación institucional, presión sobre el Gobierno, exposición pública de vulnerabilidades y condicionamiento de la voluntad política del Estado.

La Unión Europea reconoce expresamente como instrumentalización la actuación de un tercer Estado o de un actor hostil que facilita el movimiento de personas hacia sus fronteras con la finalidad de desestabilizar a la Unión o a uno de sus Estados miembros y poner en riesgo funciones esenciales, entre ellas el mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad nacional.

Esta distinción no es un ejercicio semántico. La forma de nombrar una crisis determina también la forma de responder a ella.

Si se califica lo sucedido únicamente como “crisis migratoria”, el debate queda reducido a acogida, devoluciones, centros de estancia, procedimientos de extranjería, barreras fronterizas y gestión humanitaria. Se administra a las personas que han entrado, pero se evita identificar la estructura de poder que hizo posible el desbordamiento y el objetivo político perseguido mediante él.

Ese marco resulta especialmente cómodo para Marruecos. Rabat puede aparecer después como el socio indispensable que colabora para solucionar una crisis cuya apertura, intensidad y finalización dependen, en gran medida, de su propia actuación. España termina agradeciendo la cooperación de quien dispone materialmente de la llave con la que se regula la presión sobre su frontera.

El verdadero problema estratégico es precisamente ese: un Estado extranjero ha demostrado que puede modular el control efectivo de una frontera española. Puede contener durante meses a miles de personas, permitir que se aproximen, reducir su vigilancia, restablecerla posteriormente y facilitar después su retorno.

No es necesario afirmar, sin una investigación concluyente, que cada movimiento fue organizado directamente desde el Gobierno marroquí. Tampoco hace falta reconstruir previamente toda una cadena formal de órdenes para identificar la naturaleza estratégica del fenómeno.

Basta constatar que una movilización de semejante magnitud difícilmente habría sido posible con una actuación preventiva eficaz de las autoridades marroquíes y que el flujo se redujo cuando estas decidieron intervenir. La posibilidad material de abrir, cerrar o modular una frontera española desde el otro lado constituye, por sí misma, una vulnerabilidad de primer orden.

El precedente de 2021 debería haber eliminado cualquier ingenuidad. Entonces entraron en Ceuta unas 8.000 personas durante la crisis diplomática provocada por la hospitalización en España de Brahim Gali. El Parlamento Europeo denunció........

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