En diciembre de 2026 entra en vigencia la Ley 21.719, que reemplaza una norma de protección de datos de 1999, después de treinta años. Se ha discutido casi exclusivamente en clave política, y eso me parece un error de enfoque. Quien gestiona salud debería mirarla desde otro ángulo, preguntándose qué cambia en la relación entre la red asistencial y los datos de millones de pacientes, y qué se puede empezar a hacer ya, sin esperar a que llegue diciembre, para que ese cambio termine siendo una oportunidad y no un problema mal administrado.

El punto de partida técnico no es complicado. La ley reconoce los datos de salud como una categoría de dato sensible y exige consentimiento y seguridad reforzados. Pero hay un elemento en el artículo 44 que a los organismos públicos les conviene entender bien. Hace responsable directo al jefe superior del servicio, no solo a la institución, cuando la infracción involucra datos sensibles. Yo no lo leería como una amenaza. Es, más bien, una señal de que la gobernanza de datos en salud dejó de ser un tema técnico y pasó a ser también un tema directivo, algo que muchos directores todavía no han asumido.

Esa lectura se confirma si uno mira lo que ya pasó en la red pública, incluso sin la ley vigente todavía. El ciberataque al Instituto de Salud Pública en 2025 retrasó........

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