Esta semana comenzamos el trabajo de la comisión mixta en una de esas discusiones legislativas en que cada palabra importa. El proyecto que establece las reglas de uso de la fuerza para nuestras policías y Fuerzas Armadas entra en su etapa decisiva, y quienes integramos esta instancia tenemos una responsabilidad que va mucho más allá de resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado.

No estamos frente a un proyecto cualquiera. Estamos construyendo una ley cuyas disposiciones tendrán consecuencias jurídicas y penales concretas para quienes deben tomar decisiones en segundos, muchas veces bajo amenaza, con información incompleta y en circunstancias que difícilmente pueden ser reproducidas después en un proceso judicial.

Por eso, aquí no puede haber errores, contradicciones ni omisiones. Una palabra mal utilizada o una norma imprecisa puede hacer la diferencia entre entregar certeza jurídica a policías y militares que actúan legítimamente o dejarlos expuestos a investigaciones y procesos judiciales que pueden prolongarse durante años. Del texto que aprobemos dependerá, en buena medida, si fortalecemos o debilitamos la protección jurídica de quienes tienen el deber de protegernos.

El primer punto que debemos resguardar es el principio de racionalidad. La actuación de un carabinero, un detective o un militar no puede evaluarse como si hubiera dispuesto de tiempo ilimitado para analizar alternativas. Debe juzgarse considerando las........

© BioBioChile