Hoy Chile es el segundo productor de salmón del mundo, después de Noruega, y esta actividad económica suele presentarse como una historia exitosa de desarrollo nacional y local, con cifras elocuentes de aporte al PIB, empleo y exportaciones. Sin embargo, últimamente este relato ha ido cambiando hacia uno que sostiene que las regulaciones que el Estado ha impuesto estarían “ahogando” su crecimiento y expansión. Esa narrativa se desmorona rápidamente al observar las curvas en alza de las empresas salmonicultoras, cuyas utilidades crecen año a año mientras los incumplimientos de la regulación ambiental y sectorial siguen multiplicándose. Bajo esta mirada, el problema de la salmonicultura no es el exceso de regulación, sino una regulación que llega tarde, está fragmentada y no logra disuadir la infracción y el incumplimiento.

A cuatro décadas de sus inicios en la zona sur austral, el marco regulatorio que se aplica a esta industria sigue siendo disperso, a pesar de ciertos avances puntuales. La actividad se rige principalmente por la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y la ley ambiental, y sus reformas han sido reacciones a las distintas crisis que ha vivido el sector, como ocurrió con el virus ISA entre 2007 y 2009, que dio origen a la Ley N° 20.434 de 2010. Es decir, la tónica ha sido que el Estado ha regulado reactiva y no preventivamente.

La actualización de la cartilla “El régimen jurídico ambiental de la salmonicultura en Chile”, que publicamos recientemente en Fundación Terram, sistematiza gran parte del entramado regulatorio de la industria y evidencia la brecha que existe entre los lineamientos que establecen el principio precautorio y el enfoque ecosistémico que la propia LGPA consagra con la realidad.

Esta distancia se expresa en tres planos, que tienen relación con la distribución territorial de la industria, la evaluación ambiental de sus impactos y la dispersión de competencias entre distintos organismos, incluida la poca capacidad........

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