El éxito de Donald Trump al arrancar concesiones a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, constituye una clara demostración de lo que puede lograrse por la vía de las armas. Apenas unas horas después de la incursión militar que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, el 3 de enero, Trump se jactó de que "vamos a dirigir el país" y, poco después, se autoproclamó "presidente interino" de Venezuela.

También ha colmado de elogios a Rodríguez por actuar en beneficio tanto de los intereses norteamericanos como de los venezolanos, al explicar: "Está haciendo un gran trabajo porque está trabajando con nosotros".

No es difícil comprender por qué Rodríguez —cuyo padre fue un mártir revolucionario— ha mostrado tal disposición a acatar. El 3 de enero, apenas unas horas después del secuestro de Maduro y Flores, Trump amenazó públicamente a la entonces vicepresidenta Rodríguez y a otros dirigentes chavistas con lo que equivalía a una decapitación, además de una ofensiva militar de mucha mayor envergadura. Según Rodríguez, Rubio le comunicó por teléfono a ella y al segundo al mando, Diosdado Cabello, que disponían de 15 minutos para aceptar las nuevas condiciones impuestas por Washington o enfrentarse a la muerte. En sus propias palabras: "las amenazas y el chantaje son constantes".

Algunos anti-Chavistas cuestionan la credibilidad de la afirmación de Rodríguez. Sin embargo, su versión tiene pleno sentido. El propio Trump hizo reiteradamente amenazas similares en público, aunque expresadas en términos más indirectos. Y eso es precisamente lo que Washington hizo posteriormente con buena parte de la cúpula dirigente de Irán: descabezó su liderazgo.

El arsenal de medidas coercitivas de Washington contra Rodríguez incluye el uso del chantaje. Reuters informó en marzo que los fiscales federales habían "preparado posibles cargos por corrupción y lavado de dinero, y habían comunicado a Rodríguez que se exponía a ser procesada a menos que continuara cumpliendo con las exigencias de Trump". En el contexto de la industria petrolera, la acusación de lavado de dinero planteada por los fiscales es, en esencia, una referencia a la elusión de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Trump destaca los beneficios que Estados Unidos obtiene de la relación neocolonial que ha establecido con Venezuela. El 28 de agosto anunció la concreción de lo que calificó como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial", que otorga a Estados Unidos un trato preferencial para la venta de la totalidad de los 65.000 millones de barriles de reservas probadas, una cantidad superior a las reservas de Estados Unidos.

Entre los otros aspectos del acuerdo figuran la compra, por parte del Departamento de Estado, del 20 % de la producción petrolera a precio de costo, así como una participación del 35 % del Pentágono en la empresa operadora.

La amenaza del uso de la fuerza militar es solo una parte de la explicación de la disposición de Rodríguez a aceptar el acuerdo. También hay que tomar en cuenta el devastador impacto que una década de severas sanciones impuestas por Estados Unidos ha tenido sobre las industrias básicas estatales de Venezuela, entre ellas las de petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones. Las sanciones mermaron la capacidad de la empresa petrolera estatal PDVSA para mantener, reparar, sustituir y operar sus equipos, un efecto reconocido tanto por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos como por centros de investigación independientes.

En los últimos años de su gobierno, Maduro reconoció el deterioro y recurrió cada vez más al capital privado. Entre quienes se beneficiaron de este giro estuvo Alejandro Betancourt, quien, a diferencia de la burguesía........

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