Un acuerdo contra todos. Cómo el Rodrigato hipotecó nuestro futuro

Moises A. Durán

Aporrea

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30.09.2026

*Contexto del "mayor acuerdo petrolero de la historia mundial"*

Desde el 3 de enero de 2026, la relación entre el gobierno venezolano y Washington experimentó una transformación cuya magnitud fue haciéndose evidente a través de una serie de decisiones y señales que contrastaban radicalmente con el discurso y la conducta que habían caracterizado al chavismo frente a Estados Unidos. Para nadie es un secreto que la actitud del gobierno interino de Delcy Rodríguez ha estado marcada por un grado de complacencia y disposición a aceptar las condiciones de Washington que supone una ruptura radical con la posición sostenida hasta entonces. Esa actitud se manifestó rápidamente en distintos ámbitos:

La apresurada e inconstitucional modificación de la legislación sobre hidrocarburos y minería, ampliamente favorable al capital transnacional;

La aceptación y adaptación entusiasta a trabajar de la mano con el gobierno norteamericano bajo los términos derivados del sistema de sanciones y licencias que impone Washington;

Las señales de apertura a los intereses económicos estadounidenses;

La continua presencia en Venezuela de personal estadounidense de alto nivel, civil, militar y de inteligencia; y,

La escasa resistencia pública frente a las decisiones de la administración Trump.

Todo ello fue configurando una relación que algunos hemos calificado como la implantación de un protectorado de facto. Pero, aunque muchas de estas señales ya eran visibles, todavía estaba por conocerse la verdadera dimensión de lo que se había acordado entre Caracas y Washington.

Fue el 27 de agosto cuando algunas de esas señales comenzaron a adquirir una dimensión concreta. Ese día, Marc Caputo, periodista de Axios, reveló que la administración Trump estaba negociando un acuerdo que otorgaría a Estados Unidos una participación más que significativa en algunos de los principales campos petroleros de Venezuela. Al día siguiente, Donald Trump confirmó públicamente la existencia del acuerdo y lo presentó como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial", asegurando que Estados Unidos tendría el control de unos 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano y que no implicaría ningún costo para los contribuyentes estadounidenses.

Desde Caracas, el 29 de agosto, Delcy Rodríguez ofreció una versión mucho más optimista. En una alocución transmitida por VTV, habló de "la Venezuela del futuro", de "bienestar, prosperidad y felicidad", y sostuvo que el país recibiría 209.335 millones de dólares durante los próximos veinticinco años. Pero la información publicada posteriormente por The Wall Street Journal, a partir del seguimiento de meses de negociaciones reservadas, comenzó a mostrar una realidad bastante más compleja: Estados Unidos no actuaría solamente como garante, facilitador o promotor de la inversión privada. El propio gobierno estadounidense pasaría a tener una participación económica en una empresa privada encargada de desarrollar diecisiete campos petroleros venezolanos, con derechos sobre ellos por un período de cien años.

La discrepancia entre ambas versiones se advierte ya en el plazo. Mientras Delcy Rodríguez habló de contratos de producción compartida por veinticinco años, Donald Trump habló de concesiones que llegarían a los cien. Es decir, se trata de dos referencias temporales muy distintas para un mismo acuerdo. El economista Francisco Monaldi, director del Latin America Energy Program del Baker Institute de la Universidad Rice, ha señalado esta discrepancia al explicar que una versión habla de contratos de producción compartida por 25 años, "dentro de la ley", mientras la Casa Blanca habla de "concesiones por 100 años". "Las concesiones no están previstas en Venezuela; eso es de la época de Gómez", recordó Monaldi. Pero la diferencia en el plazo es apenas una de las interrogantes que rodean el acuerdo. Las informaciones que fueron apareciendo posteriormente revelaron otros elementos de su estructura que tampoco habían sido explicados por el gobierno venezolano. La cuestión, entonces, no es solo cuánto durará el acuerdo, sino cuánto de lo pactado conoce realmente la sociedad venezolana.

La manera en que los venezolanos conocimos la noticia es, por decir lo menos, insultante. Una operación que compromete durante décadas el aprovechamiento de recursos petroleros del país fue conocida inicialmente por los venezolanos a través de fuentes externas, no de quienes ejercen el gobierno. Cuando Caracas finalmente habló, lo hizo sin una comparecencia pública en la que pudieran formularse preguntas, aclararse las diferencias o conocerse los términos concretos de la negociación. Y han sido nuevamente fuentes externas las que, desde entonces, han ido revelando progresivamente aspectos fundamentales de un acuerdo cuya dimensión real sigue sin estar plenamente expuesta ante la sociedad venezolana.

Trump tampoco ha ocultado su manera de entender lo ocurrido en Venezuela. En un mitin celebrado en Las Vegas en agosto de 2026, el presidente Trump declaró que Estados Unidos estaba tomando petróleo de Venezuela y justificó la operación militar con una frase que resume su postura: "Al vencedor le pertenecen los despojos, ¿no?" (To the victor belong the spoils, right?), añadiendo que quería hacer las cosas "a la antigua usanza". En abril había sido todavía más explícito: "El botín es Venezuela, hemos tomado cientos de millones de barriles y con eso han pagado esa guerra muchas, muchas veces". No hay manera de entender sus palabras como una simple metáfora o como una declaración casual. Presentan la operación militar en términos de conquista y apropiación, una lógica que atraviesa toda la disputa por el control de los recursos petroleros venezolanos. La prensa internacional ha señalado, en esa misma dirección, que lo que está en marcha es lo que Joseph Zeballos-Roig ha llamado "imperialismo dorado" (gilded imperialism), una relación de subordinación en la que Venezuela queda sometida al control de Washington sin recibir ninguno de los beneficios y cargando con toda la humillación. Goldberg, por su parte, recuerda que la frase "al vencedor le pertenecen los despojos" no proviene de ninguna regla de guerra, sino de una defensa del corrupto sistema de botín de la política estadounidense del siglo XIX.

Hasta Luis Britto García ha descrito el problema de la información oficial: "Hay dos reglas comunicacionales. Uno: la opacidad. No se sabe absolutamente nada; uno se entera de las cosas fundamentales escudriñando páginas en el exterior. Y, en segundo lugar, las noticias que llegan son enteramente confusas y contradictorias". Los veinticinco años de explotación activa y pago de regalías constituyen una primera fase dentro de un derecho de concesión mucho más amplio, de cien años. Sin embargo, ni Caracas ni Washington han explicado qué régimen fiscal regirá durante los setenta y cinco años restantes. Cuando el gobierno venezolano presenta ingresos estimados en 209.335 millones de dólares, está mostrando el rendimiento de una parte del acuerdo, no el de todo el siglo comprometido. La falta de información sobre ese período prolongado deja abierta una de las principales interrogantes del acuerdo y prolonga una forma de opacidad que es inherente a la gestión del chavismo de los bienes y recursos del Estado. Lo nuevo es que esa opacidad se reproduce ahora en una relación con Washington marcada por la lógica neocolonial del trumpismo.

Más allá de la opacidad que ha rodeado la negociación, el acuerdo también puede situarse en el contexto de una reorientación más amplia de la geopolítica estadounidense. La pérdida de posiciones que Estados Unidos ha experimentado frente a China en regiones estratégicas como el Golfo Pérsico estaría llevando a Washington a reforzar su posición en el hemisferio occidental y a buscar un mayor blindaje de ese espacio. En ese contexto, Venezuela adquiere una importancia particular por la magnitud de sus recursos petroleros y por la necesidad de inversiones capaces de convertir buena parte de ese crudo, hoy todavía en el subsuelo, en producción efectiva. El acuerdo puede leerse así dentro de una convergencia de intereses en la que Washington busca asegurar el acceso futuro a una fuente estratégica de petróleo, mientras Venezuela procura atraer el capital necesario para recuperar su capacidad productiva. Esta orientación coincide con el giro doctrinal que refleja la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de 2025, en el que la defensa de los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos adquiere un peso creciente. La importancia que Washington atribuye a Venezuela ayuda a entender, además, declaraciones como la realizada por Donald Trump en mayo de 2026, cuando afirmó que consideraba "seriamente" convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos.

La situación adquirió una dimensión todavía más escandalosa el 1 de septiembre, cuando la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, aprobó una moción de respaldo al acuerdo sin haber tenido acceso al texto firmado, sin debate previo y sin que el gobierno interino lo hubiera sometido a su consideración. Los "representantes del pueblo" -con excepción de la abstención de la bancada Libertad-, votaron a favor de un acuerdo cuyos términos desconocían, en una decisión imposible de conciliar con el mandato constitucional de ejercer control sobre los actos del Ejecutivo y, mucho más aún, cuando lo que estaba en juego era el aprovechamiento durante décadas de una parte sustancial de los recursos petroleros del país por parte de una potencia extranjera. Un parlamento no puede ejercer control sobre aquello que desconoce, mucho menos comprometer políticamente la soberanía nacional mediante el respaldo de un instrumento cuyo contenido no ha podido examinar ni debatir. Lo ocurrido, por tanto, no fue una simple irregularidad procedimental, sino una nueva oportunidad para vaciar de contenido la función constitucional de la Asamblea y convertir a sus integrantes en actores de un simulacro de debate parlamentario destinado a ratificar una decisión previamente adoptada por el Ejecutivo, sin deliberación pública y sin conocimiento de las condiciones bajo las cuales se comprometen recursos estratégicos de la República.

Ahora bien ¿qué fue exactamente lo que se acordó y bajo qué condiciones? Si están comprometidos durante décadas recursos que pertenecen a la República, conocer esas condiciones forma parte del derecho de los venezolanos a saber qué se ha decidido en su nombre. Y por ello es necesario superar la indignación e insistir en las razones por las que la soberanía venezolana sigue siendo un derecho que debemos reivindicar.

Lo que sabemos del Acuerdo: propiedad formal y control de operaciones

En cuanto a los beneficios que el gobierno espera obtener, Delcy Rodríguez ofreció cifras precisas. Habló de una meta de producción de 1,5 millones de barriles diarios, de 19 dólares por barril para el Estado venezolano, de regalías mínimas del 16% y de un impuesto sobre la renta del 34% para los ocho bloques de la Faja del Orinoco incluidos en el acuerdo. También mencionó diecisiete campos estratégicos y veinticinco años de vigencia. Sobre el control de esos activos, en cambio, la información fue mucho más limitada. Rodríguez insistió en que "Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos", pero nunca explicó qué significa esa afirmación dentro de una estructura cuyos términos ni siquiera coinciden en las fuentes estadounidenses.

NABEP: Una empresa de dudosa procedencia y el Pentágono como accionista

El Wall Street Journal habla de una participación pasiva del 35% en North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa de Alejandro Betancourt, acompañada de un derecho preferencial para comprar el 20% de su producción a precio de costo. El New York Times, citando en dos artículos distintos a un funcionario del Departamento de Estado, sostiene que Washington obtendría directamente el 55% de la producción de la empresa conjunta. El economista petrolero Carlos Mendoza Pottellá aporta una tercera cifra: un 30% de las acciones para el Departamento de Defensa. El propio Times reconoció que "muchos de los detalles de este acuerdo tan poco ortodoxo seguían sin estar claros" al día siguiente del anuncio. La discrepancia no es menor. Si las fuentes con acceso a la información oficial estadounidense y los especialistas que siguen de cerca el caso no coinciden siquiera en el porcentaje de participación, es difícil sostener que exista una explicación pública clara sobre quién controlará realmente la operación. Propiedad formal y control operativo no significan lo mismo, y el discurso oficial los presenta como equivalentes. Los venezolanos, mientras tanto, siguen sin saber cuál de las distintas cifras corresponde al acuerdo que el propio gobierno dice haber negociado.

El profesor Ricardo Hausmann, director del Growth Lab de la Universidad de Harvard, ha calificado el acuerdo en términos particularmente severos. "Desde 1917, cuando empezó a operar la Royal Dutch Shell, en 1923-24 que entró la Standard Oil of Jersey... nunca había habido una relación tan abusiva con el gobierno americano. Jamás en la historia de Venezuela ha pasado algo tan depredador, tan rapaz, como esta actitud hacia los recursos de Venezuela." Su diagnóstico es contundente, pero debe leerse desde el marco político y económico desde el cual lo formula. Hausmann ocupa una posición destacada en la economía académica y pertenece a una tradición liberal que cuestiona los términos del acuerdo sin poner en cuestión las relaciones de poder que lo hacen posible. Su indignación apunta al carácter abusivo de la operación, pero no a las condiciones estructurales que la permiten. Desde esa perspectiva, Trump aparece como el actor que abusa de Venezuela. El problema, sin embargo, es más amplio y remite a las relaciones de poder que hacen posible una operación de esta naturaleza.

La naturaleza del acuerdo es excepcional incluso desde la perspectiva de la industria petrolera estadounidense. Francisco Monaldi ha señalado que "el gobierno de Estados Unidos jamás ha tenido acciones en una empresa productora de petróleo, y menos fuera de los Estados Unidos. Es realmente muy inusual." En este caso, Washington no ha creado una empresa estatal para operar en Venezuela, sino que se incorpora como accionista de una compañía privada que desarrollará campos petroleros venezolanos. La participación del Pentágono, a través de la Office of Strategic Capital (OSC), convierte al gobierno estadounidense en socio directo de una empresa que opera sobre recursos situados en el subsuelo de otro país. Se trata de una estructura que no tiene un antecedente conocido en la historia petrolera moderna.

Las cuentas del acuerdo: ¿Dónde están los ingresos y quién los maneja?

El mecanismo financiero permite entender qué significa la afirmación de Trump de que el acuerdo no tendrá "costo alguno para el contribuyente estadounidense". Según el propio Wall Street Journal, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono planea obtener su participación mediante "warrants de bajo valor", que permitirían a Washington adquirir una porción accionaria sin realizar un desembolso de capital significativo. Monaldi explica que los "penny warrants" permiten adquirir una participación accionaria por un costo simbólico. El Pentágono obtiene así derechos sobre la empresa que explotará los campos venezolanos sin aportar un capital equivalente a la participación que recibe. La expresión "sin costo" solo es cierta desde la perspectiva del contribuyente estadounidense. El costo existe, pero recae sobre quien cede la participación accionaria.

Hausmann ha puesto cifras a ese mecanismo: "Alejandro Betancourt se voltea y le regala el 35 % de sus acciones al Departamento de Defensa americano. Así gratis, Estados Unidos no pone un centavo y se queda con el 35 % de esas acciones. Además, Alejandro Betancourt, por su lado, le promete al gobierno americano venderle el 20 % de la producción al costo. Es decir, que el 55 % de las utilidades futuras potenciales que generarían estos proyectos se lo lleva el gobierno americano sin haber metido un centavo." Desde una lectura más amplia, en cambio, puede verse como una expresión concreta de la lógica de apropiación que Trump ya había formulado abiertamente al hablar del petróleo venezolano como un botín.

Francisco Rodríguez introduce otro elemento particularmente relevante para comprender la estructura financiera del acuerdo. Según señaló el 2 de septiembre, Venezuela comenzó a enviar petróleo a precio de costo para reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos "antes de recibir un solo centavo del acuerdo petrolero de Trump". El dato es especialmente significativo porque implica que Venezuela estaría entregando el crudo antes de percibir los ingresos asociados al acuerdo, mientras Estados Unidos obtiene desde el comienzo un beneficio estratégico vinculado a la reposición de sus reservas. Rodríguez resume esta relación de manera contundente: "el país más empobrecido de América Latina está siendo obligado a subsidiar a EEUU a cambio de una vaga promesa de inversión futura".

¿Cuál es el valor del petróleo venezolano según los EEUU?

El Financial Times había estimado en 13.000 millones de dólares el valor del petróleo venezolano vendido por Estados Unidos durante el primer semestre de 2026, sin que se hubiera informado públicamente sobre el destino de esos recursos. Rafael Ramírez, ex ministro petrolero ha corroborado el mecanismo con cifras concretas: "Crearon un fondo mediante orden ejecutiva el 9 de enero, donde va todo el producto de la venta de petróleo venezolano... al mes de julio se habían vendido 222,7 millones de barriles de petróleo venezolano, y todo ese dinero (más de 15.000 millones de dólares) está en cuentas del Banco del Tesoro norteamericano, no en cuentas venezolanas". La cifra de Ramírez, superior a 15.000 millones hasta julio, actualiza esa estimación. El control financiero de Washington sobre los ingresos petroleros venezolanos, por tanto, no nació con el acuerdo de agosto. De hecho, es una condición previa que lo enmarca y ayuda a explicar su funcionamiento. Hay un mecanismo previo que condiciona cualquier discusión sobre ingresos o regalías. Como ha documentado Luis Britto García, desde enero de 2026 rige la Orden Ejecutiva 14373, que establece que los ingresos venezolanos provenientes de la venta de recursos naturales sean depositados en cuentas designadas del Tesoro estadounidense. "En la executive order se reconoce que esos bienes depositados allí son propiedad de Venezuela, pero Venezuela no puede usar, gozar ni disponer de ellos", señala Britto. "La propiedad es el derecho de usar, gozar o disponer de una cosa. Si usted no puede usar, gozar ni disponer de algo, es que no es propietario."

Hausmann sitúa esta opacidad financiera dentro del mismo patrón: "Marco Rubio maneja el flujo de divisas del país. Es el decreto presidencial: los dólares de exportación de petróleo pasan por él. Él dijo que los iba a administrar para el beneficio de los venezolanos y que iba a tener a KPMG auditando todo. En nueve meses de gobierno no ha informado absolutamente nada sobre dónde están los dólares". Según Hausmann, el gobierno interino "está lleno de dólares" por el aumento de la producción y del precio del petróleo, pero esos recursos no llegan al pueblo y se desconoce su destino. Mientras tanto, la inflación sigue disparada: en julio de 2026 se aceleró a 19,9% mensual, con una acumulada de 175,5% en lo que va de año. Nunca está de más reiterar que la opacidad tampoco es una novedad en la gestión del Estado venezolano. Ha sido uno de los rasgos más cuestionados del régimen chavista y una de las condiciones que han acompañado su deriva autoritaria. Lo significativo ahora es que esa práctica aparece incorporada a una relación en la que recursos generados por el petróleo venezolano permanecen bajo un mecanismo de control establecido por Washington, sin que los venezolanos conozcan con claridad quién decide sobre ellos, cuánto ha ingresado realmente al país, ni bajo qué condiciones.

Una fuente directa de la negociación citada por el propio Wall Street Journal confirma que la estructura de empresa privada fue diseñada para dificultar que futuros gobiernos venezolanos pudieran revertir el acuerdo. El cálculo era que ningún gobierno se atrevería a expropiar una empresa privada como el chavismo había hecho con activos estatales extranjeros. La dificultad para revertirlo, por tanto, no parece una consecuencia imprevista de los términos negociados, sino una condición buscada deliberadamente. Monaldi lo confirma: "Una de las cláusulas del acuerdo establece que el acuerdo no lo puede cambiar un nuevo gobierno venezolano. Mañana se dan elecciones... y sale electa María Corina Machado: María Corina Machado no podría cambiar nada".

El presidente de PDVSA, Héctor Obregón, confirmó también la dificultad de revertir el acuerdo, aunque la presentó como una garantía de estabilidad jurídica. Preguntado por el blindaje legal, respondió que revocarlo "no lo creo posible", porque "cualquier tentativa de revocar esos contratos pudiera generar indemnizaciones que sin duda afectarían al patrimonio de Venezuela". Para Monaldi, esta dificultad forma parte de un mecanismo deliberadamente diseñado para impedir que un futuro gobierno pueda modificar el acuerdo. Para el presidente de PDVSA, en cambio, deriva de la seguridad jurídica que debe ofrecer un contrato. La diferencia entre ambas interpretaciones es significativa, porque una misma disposición puede ser presentada como garantía para los inversionistas o como un mecanismo para limitar la capacidad de decisión de gobiernos futuros.

Luis Britto aporta un dato sobre el origen de la negociación: "El día 9 de enero, apenas 6 días después de la extracción de Maduro, Trump llama a una reunión en la Casa Blanca, a la cual concurren unas 14 o 16 empresas estadounidenses, para que hicieran una oferta. Además, muy "institucionalmente", les dijo: "Recuerden, ustedes aquí no están contratando con Venezuela, están contratando conmigo". El acuerdo fue conducido inicialmente por el Departamento de Estado y posteriormente incorporó a la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono como mecanismo financiero. Finalmente, será el Departamento de Defensa el que tendrá la participación accionaria y los derechos de compra del gobierno estadounidense. Que el aparato militar de otro Estado termine siendo accionista de una empresa que opera sobre el subsuelo venezolano es uno de los aspectos más significativos de la operación. Ni Trump ni Delcy Rodríguez lo mencionaron en sus respectivos anuncios. En un análisis publicado en abril describimos el sistema construido desde enero como un "protectorado del siglo XXI". El acuerdo petrolero de agosto se incorpora a ese esquema y es, hasta ahora, su expresión más reciente, más acabada y más lesiva a los intereses de Venezuela.

¿De dónde salió NABEP?

Tampoco aparece en los escasos comunicados oficiales venezolanos el nombre de Alejandro Betancourt, el empresario que ocupa un lugar central en la estructura de la operación y que ha sido investigado por presunto desfalco a PDVSA en Estados Unidos, España y Suiza. El papel de Betancourt, sin embargo, no se agota en la intermediación comercial. Según un reporte de Axios basado en declaraciones de dos funcionarios de la Casa Blanca, fue él quien sondeó a Delcy Rodríguez, antes de la captura de Maduro, sobre su disposición a asumir el poder y quien la convenció de hablar con Marco Rubio para preparar su llegada a Miraflores. Uno de los funcionarios citados habría sido categórico: sin Betancourt, Maduro seguiría en el poder. Rodríguez, por su parte, habría sido quien pidió a Maduro que permitiera al empresario retomar sus operaciones en Venezuela. Su papel va mucho más allá del de un empresario que terminó beneficiándose del acuerdo, pues también habría sido uno de los actores que contribuyeron a hacer posible la nueva configuración política. Esto ayuda a entender por qué una empresa sin trayectoria como operadora de campos de esta envergadura, sin capital ni tecnología propios, terminó recibiendo el control de diecisiete campos estratégicos. Evidentemente, la respuesta no se encuentra en sus capacidades empresariales, aunque las tenga, sino en el hecho de que su propietario había participado, según estos reportes, en las gestiones políticas que hicieron posible el escenario en el que ese acuerdo pudo concretarse.

El economista Omar Zambrano, director de la firma ANOVA, ha formulado la pregunta que muchos venezolanos se hacen al conocer estos detalles: ¿cómo una empresa casi sin experiencia en el sector, sin capital propio, sin tecnología propia, sin historia, puede acceder a un contrato de esta magnitud? La pregunta no es retórica. NABEP carece de trayectoria como operadora de campos de la envergadura de los que ahora se le asignan y su experiencia se reduce a unos pocos proyectos obtenidos en circunstancias igualmente opacas durante el gobierno de Maduro. Que una empresa sin credenciales técnicas ni financieras pase a operar 17 campos estratégicos, incluidos algunos de los principales yacimientos de la Faja del Orinoco, difícilmente puede explicarse por sus méritos empresariales. La ausencia de una licitación competitiva agrava esa sospecha, pues todo indica que el acuerdo fue el resultado de una negociación política en la que los criterios técnicos tuvieron un papel secundario. A esta preocupación se suma el riesgo de una concentración extraordinaria de poder económico. El economista Alejandro Grisanti señaló que, de materializarse las proyecciones de producción, NABEP podría llegar a controlar entre 1,6 y 1,7 millones de barriles diarios, es decir, cerca de la mitad de la producción nacional, un volumen que lo situaría cerca del 75% de la producción de ConocoPhillips, una empresa con más de un siglo de trayectoria.

Hausmann ha sido todavía más severo al referirse a la empresa seleccionada: "Nuestro lomito petrolero se lo dimos a una empresa de "pacotilla", a una persona cuya fuente de fondos conocemos: es el de Derwick, el que recibió unos 20.000 millones de dólares en contratos a dedo para la crisis eléctrica, que no resolvió la crisis eléctrica, que supuestamente generó poquísimos megavatios adicionales de capacidad, pero se hizo sus reales. (...) Delcy lo convirtió a él en el segundo productor venezolano después de Chevron. A dedo, porque se lo dio a dedo, o sea, uno presume que es una relación muy íntima la que tienen. Básicamente le dieron el petróleo venezolano a Delcy o al pana de Delcy." La trayectoria de Betancourt y su vinculación con Derwick no son un detalle secundario. La adjudicación del petróleo reproduce un patrón ya conocido en Venezuela, basado en contratos multimillonarios sin licitación ni controles efectivos, donde los beneficios para los intermediarios contrastan con los resultados obtenidos para el país.

Oswaldo Felizzola, investigador del IESA, lo resumió en una frase: "uno no es soberano de aquello que no produce". Tener reservas certificadas no garantiza por sí mismo el ejercicio de la soberanía si el Estado carece de capacidad efectiva para controlar cómo se explotan y administran esos recursos. Felizzola recuerda que esa contraloría no la ejercieron ni el gobierno interino ni, antes de él, ninguno de los gobiernos chavistas. De su argumento no se desprende que sea indiferente quién controla el recurso, sino exactamente lo contrario. Reivindicar la soberanía exige construir esa capacidad de fiscalización y evitar que otro actor político, sea el Estado, un partido o un líder, termine ejerciéndola en nuestro nombre.

El petróleo que se está entregando

Hasta ahora, la discusión sobre las reservas se ha planteado casi siempre en los términos fijados por el propio gobierno, es decir, si son realmente 65.000 millones de barriles o si esa cifra es exagerada frente a los estándares internacionales. Carlos Mendoza Pottellá introduce una perspectiva distinta al poner en cuestión no solo la cifra oficial, sino también qué parte de esas reservas puede considerarse realmente recuperable en condiciones económicas. Para ello, retoma el cálculo del ingeniero David Morán, según el cual las reservas económicamente recuperables rondarían los 68.000 millones de barriles, muy lejos de los 300.000 millones que Chávez ordenó certificar durante la década de 2000. Si esta estimación es correcta, los 65.000 millones de barriles comprometidos en el acuerdo representarían una proporción extraordinariamente elevada de las reservas que Venezuela podría explotar en un horizonte previsible. Frente a la cifra oficial de 300.000 millones, el acuerdo parece afectar solo una parte del patrimonio petrolero; frente a las reservas económicamente recuperables, podría comprometer prácticamente todo lo que queda por explotar. Mendoza Pottellá califica sin rodeos la cifra oficial como una "mentira".

La opacidad como regla: los tipos de campo, las verdaderas reservas y las regalías

Mendoza Pottellá ha documentado, además, que la subestimación de las reservas no sería un fenómeno reciente ni accidental. Las cifras oficiales de campos del Zulia como Bachaquero Lago, Tía Juana, Lagunillas y Boscán fueron calculadas originalmente, según él, por compañías petroleras que ahora se benefician del acuerdo y, según su investigación, se mantuvieron deliberadamente bajas para reducir el pago de regalías e impuestos. El Servicio Geológico de Estados Unidos y las propias compañías conocen estas diferencias. Las estadísticas heredadas de ese proceso añaden así otra capa de opacidad. Pero el problema actual es todavía más profundo. Los términos del acuerdo permanecen ocultos para la sociedad venezolana y, ante las versiones contradictorias ofrecidas por los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, no existe posibilidad de contrastar esas afirmaciones con los documentos efectivamente firmados. Se han divulgado cifras, plazos, porcentajes y fórmulas de participación, pero nadie fuera de quienes tuvieron acceso directo al acuerdo puede determinar cuánto de esa información corresponde realmente a lo pactado, cuánto es incompleto y cuánto puede ser simplemente falso. La opacidad no afecta únicamente las condiciones acordadas; también impide conocer con certeza cuál es el verdadero valor de los recursos comprometidos.

Hay, además, otra diferencia importante entre el relato oficial y lo que realmente contienen los diecisiete campos incluidos en el acuerdo. El gobierno presenta la operación como una apuesta por el desarrollo de "Greenfields", campos vírgenes que requieren desmontar terrenos, perforar desde cero y esperar entre dos y tres años antes de comenzar a producir. Según Mendoza Pottellá, ese desarrollo exigiría inversiones de una magnitud que ni las diez principales petroleras del mundo, consultadas en un estudio de 2020, estaban dispuestas a asumir sin condiciones de estabilidad jurídica que hoy no existen. Sin embargo, la mayoría de los diecisiete campos son "Brownfields", campos maduros del lago de Maracaibo como Tía Juana, Ceuta, Bachaquero, Lagunillas y Boscán, algunos en producción desde los años cuarenta del siglo XX, con pozos perforados e infraestructura instalada y capaces de producir de inmediato. La Faja del Orinoco aparece así, como la promesa de inversión futura con la que públicamente se presenta el acuerdo, mientras una parte sustancial de los ingresos inmediatos provendrá de campos que Venezuela ya desarrolló y que ahora pasan a manos de la empresa de Betancourt.

El historial de los planes de expansión petrolera tampoco ofrece razones para el optimismo. Entre 2010 y 2016, Venezuela invirtió 127.000 millones de dólares en la Faja del Orinoco, pero el aumento de producción fue inferior a 200.000 barriles diarios. En el mismo período, la producción cayó en 241.000 barriles diarios en la división oriental de PDVSA y en otros 450.000 barriles diarios en Occidente. "Los planes de Trump también están montados sobre el mismo artificio", ha afirmado Mendoza Pottellá (…) Eso es una venta que le están haciendo al público norteamericano y al Departamento de Defensa; no sé cómo lo han aceptado, porque realmente ellos saben más que nosotros cuál es la verdad. Es una venta electoral con vistas a las elecciones de noviembre."

El campo Boscán permite apreciar con mayor claridad el problema. Las estadísticas oficiales venezolanas atribuyen al campo, quinto en la lista de los incluidos en el acuerdo, apenas 100 millones de barriles de reservas. Una publicación conjunta del Servicio Geológico de los Estados Unidos y la Asociación de Ingenieros de Petróleo de ese país estima, en cambio, sus reservas recuperables en 30.000 millones de barriles, trescientas veces más. Chevron, que opera Boscán desde que su antecesora corporativa lo descubrió en 1945, conoce desde hace décadas el potencial del campo. Si una diferencia de esta magnitud se repite en otros campos del Zulia incluidos en el acuerdo, las reservas oficialmente comprometidas podrían estar muy por debajo de los recursos que realmente serán extraídos y comercializados durante los próximos veinticinco o cien años.

Mendoza Pottellá y Hausmann llegan a un diagnóstico similar desde posiciones intelectuales y políticas muy diferentes. Mendoza Pottellá proviene de una tradición explícitamente antiimperialista y crítica del capital extranjero en el sector petrolero, mientras Hausmann representa, desde Harvard, una tradición liberal con posiciones muy diferentes sobre el Estado, la inversión privada y la relación con Washington. El examen de este acuerdo los conduce a una coincidencia poco habitual. Uno lo hace desde la teoría del desarrollo y la economía institucional; el........

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