El resultado de las elecciones celebradas el 15 de marzo en la Comunidad autónoma de Castilla y León deja varias conclusiones. Algunas le son propias a un territorio que ocupa el 19% del suelo del reino, pero que únicamente alberga al 5% de su población, y en el que dos tercios de sus municipios tienen una densidad menor a ocho vecinos por kilómetro cuadrado. Esta realidad se alterna con la de sus concentraciones urbanas, aunque existe un envejecimiento general de sus habitantes asociado a la falta de salidas en el territorio y a la emigración.

Para el PP, la cita electoral se ha inscrito en su lógica de gota malaya que inauguró Extremadura, siguió Aragón, ha pasado por Castilla y León y terminará en Andalucía para forzar el "fin del sanchismo."

Los resultados hasta ahora no avalan la propuesta de Feijóo, pero sí confirman que, terminada la era del bipartidismo (PP-PSOE), la inestabilidad constituye la norma en la práctica totalidad de los parlamentos del régimen de la segunda restauración. Una inestabilidad reflejo de una parálisis política que enquista problemas tales como el modelo productivo, el sistema autonómico, el poder judicial y que exhibe sin pudor su precio a través de la insufrible y creciente desigualdad, la opresión de la mujer, la falta de vivienda o de derechos de la población migrante y la degradación general de servicios básicos como sanidad, educación o transporte.

A esa crisis, las derechas están respondiendo con pelea y división entre ellas, pero con un marcado fondo compartido: un giro reaccionario en beneficio de las clases poseedoras. Abascal y Feijóo aseguran que se han puesto a hablar para llegar a acuerdos de gobierno en las tres comunidades. Quien marca la pauta es Vox, quien acepta el marco es el PP. No sabemos en qué se concretará todo ese ruido, pero allí donde gobiernan juntos el final siempre es el mismo: medidas contra las mujeres, la población migrante, debilitamiento de la protección al medioambiente, ataques a la memoria democrática, al derecho a la vivienda, la educación y el tejido asociativo, particularmente el sindical y vecinal.

En los territorios castellano y leonés se consolida el dominio histórico de las derechas. PP (35,47%), Vox (18,92%) y SALF (1,41%) captan entre todos el 55,8% del sufragio emitido.

Las izquierdas suman en conjunto el 33,6% del voto. El PSOE, con 30 procuradores (30,74%), queda como única fuerza de progreso en las cortes. Sumar-IU-VQ (2,23%) y Podemos (0,74%) no entran en el parlamento.

La desmovilización social que sufrimos y su efecto en forma de división política y falta de propuesta se vuelve un camino ciego que ni suma ni anima, y menos aún le permite al PSOE volver al sueño húmedo del felipismo. Como se observó el domingo, lo que recupera el PSOE (0,72%) se encuentra muy lejos de absorber lo perdido por la suma de las izquierdas transformadoras, que supone más del 2%.

Ante nosotros existen retos enormes como las crueles guerras imperialistas en Irán, Ucrania, Líbano o Palestina con sus efectos en forma de carestía, especulación o nuevos sacrificios presupuestarios europeos al dios de la guerra. Responder a todos ellos exige mucha unidad, propuesta compartida, organización y movilización.

Movilización como la huelga general que este martes, 17 de marzo, se celebrará en Euskadi y Navarra a favor de un salario mínimo vasco de 1500€. Luchas como la de la comunidad educativa en Catalunya, que concluirá en una huelga general del sector el próximo viernes. Huelgas como la de los médicos que, pese a que no compartamos su demanda de estatuto propio, no deja de mostrar la enorme degradación que sufren nuestros servicios públicos, así como la presión y las malas condiciones que soportan el conjunto de los sanitarios.

Necesitamos reconstruir partiendo de las luchas de hoy y animar a su unidad, en la calle y en las urnas. Solo por ese camino surgirá la alternativa al avance de la derecha y a su programa reaccionario.

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