Mientras el régimen impulsa una Constituyente sindical para eliminar la retroactividad de los beneficios, los trabajadores sobreviven con el salario más bajo del mundo y una protección social en ruinas.

En el centro del debate venezolano se encuentra una discusión que afecta la médula de la economía familiar: la reforma del sistema de protección social y el futuro de las prestaciones sociales. El sector trabajadores, el Estado y los empresarios están inmersos en una controversia que, de concretarse, podría significar un retroceso histórico en los derechos laborales, con especial impacto en los pensionados y jubilados.

Desde 2025, el régimen de Nicolás Maduro y ahora el interinato de Delcy Rodríguez han continuado y siguen planteado la instalación de una Constituyente Sindical para modificar artículos clave de la Constitución Nacional y de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). El objetivo es perverso,y todos los trabajadores, jubilados y pensionados sectores sindicales y gremiales independientes, es eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales, un beneficio que durante décadas fue un pilar de la seguridad económica de los venezolanos.

Antes del canto de sirenas: Un sistema que funcionaba

Quienes vivieron la era anterior a 1999 recuerdan un sistema de prestaciones sociales que, tras 25 años o más de servicio, permitía a los trabajadores acumular un capital suficiente para emprender proyectos económicos o simplemente vivir con dignidad durante la jubilación. Las pensiones, aunque modestas, alcanzaban para cubrir las necesidades básicas de una familia.

Pero todo cambió con la llegada de Hugo Chávez, el "encantador de serpientes" que, con promesas revolucionarias, sedujo a una........

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