El reciente traslado de Alex Saab a los Estados Unidos, ejecutado bajo la figura formal de una "deportación", constituye un hito jurisprudencial y político que sacude los cimientos dogmáticos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Más allá de la alta carga geopolítica del personaje y cualquier evaluación de sus responsabilidades, el procedimiento administrativo empleado abre un debate científico alarmante sobre los límites del Poder Ejecutivo frente a las garantías constitucionales intangibles, específicamente en lo que respecta a la privación de la ciudadanía y la prohibición de entrega de nacionales.

El núcleo de la controversia descansa en la transmutación fraudulenta de las instituciones jurídicas. El ordenamiento venezolano, a través de su artículo 69, prohíbe de forma taxativa la extradición de venezolanos, obligando al Estado bajo el principio internacional aut dedere aut judicare (o extraditas o juzgas) a procesar penalmente en tribunales propios a cualquier nacional. Para sortear este blindaje definitivo, la administración interina recurrió a un "fraude de etiqueta": la revocación expedita de la nacionalidad venezolana por naturalización de Saab, reduciendo su estatus legal al de un ciudadano exclusivamente colombiano para proceder a su posterior expulsión.

Este despojo de la ciudadanía colisiona frontalmente con el artículo 35 de la CRBV, el cual determina con total claridad que la nacionalidad por naturalización solo puede ser revocada mediante una sentencia judicial........

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